El nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) no alcanzó las 12 horas. Esta mañana había sido publicado en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y esta tarde Mauricio Macri ordenó que dieran marcha atrás. Fue después de cruces de dirigentes del macrismo con Rubinstein.

Según la misma resolución, actualizaba el protocolo para la ILE y lo adecuaba a “normativas internacionales" para establecer una "metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional".

El nuevo protocolo habilitaba a niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años a solicitar una ILE sin autorización de sus padres o tutores. Además, extendía de nueve a doce semanas el tiempo de gestación en el que podía hacerse una interrupción legal de los embarazos de forma ambulatoria con control médico. Por otro lado, establecía que para casos en los que el aborto no es un delito - si hay motivos de salud o el embarazo es producto de una violación - no pueden pasar más de diez días entre el pedido y la intervención. Finalmente, la modificación volvía a establecer la responsabilidad civil y penal de los profesionales que se negaran o trataran de cambiar la decisión de la paciente.

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Según señalaron voceros del Gobierno a medios nacionales, la actualización había sido emitida sin consultarlo con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien se enteró de la medida por los diarios, al igual que el resto del Gobierno.

Las mismas fuentes dijeron que el nuevo protocolo será revocado. Formalmente, cuestionaron la falta de intervención de organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer.

Sin embargo, desde altas fuentes del Gobierno también mencionaron una interna entre Rubinstein y Stanley. Él sostuvo históricamente una posición a favor del aborto, mientras Stanley siempre se mostró en contra de la legalización. Además, ella pasó a ser la jefa de él luego de que el área sanitaria pasara a la categoría de Secretaría, bajo la órbita de la ministra.

Uno de los primeros dirigentes del macrismo que cuestionó la medida fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien adujo que la resolución es inconstitucional porque "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".

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