Laviolencia infantil volvió a quedar bajo la lupa tras el caso de Ángel, pero el reclamo de fondo no es nuevo. En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia, recordó que Argentina todavía no tiene una ley nacional de protocolos obligatorios para que escuelas, clubes, iglesias, instituciones sociales, organismos públicos y privados y todos los espacios donde hay niñas, niños y adolescentes sepan cómo detectar tempranamente y actuar frente a situaciones de violencia.
“No tenemos una ley de protocolos obligatorios que obliguen a todos los profesionales que intervienen y a todos los establecimientos donde haya niños a que sepan cómo detectar tempranamente y abordar correctamente”, sostuvo Wachter durante la entrevista. La frase resume una deuda que lleva años en el Congreso y que, pese a distintos avances parlamentarios, todavía no se tradujo en una norma vigente.
“No tenemos una ley de protocolos obligatorios que obligue a que sepan cómo detectar tempranamente y abordar correctamente” “No tenemos una ley de protocolos obligatorios que obligue a que sepan cómo detectar tempranamente y abordar correctamente”
Qué implica que no exista esta ley
La importancia de esta norma está en que buscaría que todas las instituciones que trabajan con chicos tengan pautas claras de prevención, detección y abordaje. El proyecto debatido en el Congreso prevé justamente la creación de un protocolo de prevención y detección temprana del abuso sexual infantil para aplicar en instituciones públicas y privadas vinculadas con niñas, niños y adolescentes. Incluso la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que su implementación no implicaría costos significativos adicionales, porque muchas acciones ya están contempladas por la normativa vigente.
Para Wachter, el problema no es solamente jurídico sino también cultural e institucional. Sin protocolos obligatorios, muchas señales tempranas se pierden, no todos saben cómo intervenir y los casos pueden quedar invisibilizados hasta que explotan públicamente. Por eso, la directora de Red por la Infancia insistió en que el debate no puede aparecer solo cuando un caso se vuelve viral. “Ojalá estuviéramos hablando de un solo caso trágico”, dijo, para remarcar que la violencia contra niños ocurre con mucha más frecuencia de la que suele reconocerse.
Una deuda legislativa que sigue abierta
El recorrido legislativo de esta iniciativa muestra por qué el reclamo sigue vigente. El antecedente que pude verificar en Diputados corresponde al expediente 2026-D-2018, presentado por la entonces diputada nacional jujeña Alejandra Martínez. Ese proyecto obtuvo dictamen por unanimidad en comisión el 17 de septiembre de 2019 y fue aprobado sin modificaciones en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, con pase al Senado.
Sin embargo, ese primer avance no alcanzó para convertirlo en ley. En noviembre de 2024, el propio Senado recordó que ese proyecto “fue presentado por primera vez en la Cámara de Diputados en 2019 pero perdió estado parlamentario”, por lo que el país siguió sin contar con una herramienta obligatoria para la detección temprana del abuso y otras formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Senado de la NAción
Argentina sigue sin ley de protocolos contra la violencia infantil
Las dos últimas presentaciones del proyecto
Si se toma el recuento de las dos últimas veces que volvió a presentarse la iniciativa en el Congreso, el primer caso es el expediente S-2079/21, impulsado en el Senado por María Belén Tapia y otros legisladores. Según los registros oficiales, el proyecto ingresó el 21 de septiembre de 2021, pasó por la Comisión de Población y Desarrollo Humano y tuvo ingreso de dictamen el 26 de noviembre de 2021. Además, el informe de gestión del Senado de 2021 consigna que la iniciativa obtuvo media sanción el 9 de diciembre de 2021.
Ese expediente volvió a tener tratamiento más tarde. El Senado informó que el 1 de noviembre de 2023 la Comisión de Población y Desarrollo Humano debatió el expediente S-2079/21, ya devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados, y emitió dictamen nuevamente. En esa reunión incluso expuso Paula Wachter para defender los fundamentos del proyecto.
La última presentación que pude verificar es el expediente 1867/24, impulsado por el senador Ezequiel Atauche. El proyecto fue presentado el 26 de septiembre de 2024, ingresó a la Comisión de Población y Desarrollo Humano el 30 de septiembre de 2024 y, según el registro oficial del Senado, fue dado cuenta recién el 24 de abril de 2025. Hasta el momento sigue figurando en comisión y no aparece con dictamen ni sanción.
Dónde denunciar
“Creemos que no tenemos que intervenir o no sabemos cómo tenemos que intervenir”, resumió, y por eso consideró fundamental hablar públicamente sobre estos temas. “Es muy importante empezar a hablar de estos temas, para que los chicos no paguen con sus vidas la falta de sensibilización que les debemos nosotros desde el mundo adulto”, afirmó.
Tener muy en cuenta que ante una situación de vulneración de derechos que amerite urgencia, se deberá llamar a la línea 911 o al número de urgencias local. La Línea 102 no es un servicio de emergencia.
También está disponible la línea 137, opción 1. Esta es una línea telefónica gratuita y confidencial para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, desde todo el país. Puede comunicarse cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual. También se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.
