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10 de diciembre de 2024 - 09:37
Política.

Bajaron la edad mínima para la portación de armas a 18 años

Mediante un decreto, se modificó el artículo 55 de la Ley de Armas y Explosivos, que antes fijaba en 21 años la edad mínima para la posesión de estas.

Redacción de TodoJujuy.com
Por  Redacción de TodoJujuy.com

El Ejecutivo dispuso que desde los 18 años se podrá acceder a la tenencia de armas. Este cambio en el artículo 55 de la ley 20.429 - Ley Nacional de Armas y Explosivos, quita el requisito de los 21 años que se exigía para la “adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil haber alcanzado la mayoría de edad”.

La modificación se detalla en la sección de Legislación y Notificaciones Oficiales del Poder Ejecutivo, bajo el número 1081/2024 del decreto que la dispone. “A efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los DIECIOCHO (18) años”, argumentó el Poder Ejecutivo sobre el cambio implementado.

El Poder Ejecutivo firmó un decreto que baja la edad de portabilidad de armas.

El documento difundido este martes cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificando en su primer artículo: “Sustitúyese el inciso 1) del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ser mayor de DIECIOCHO (18) años”.

Hay condiciones a cumplir para la tenencia de armas

El artículo mencionado también determina una serie de condiciones que deben cumplirse para poder portar armas, como la prohibición de tener “anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante”, la acreditación de datos personales bajo dependencia policial, y “la no existencia de antecedentes policiales o penales”.

El Gobierno bajó la edad mínima para portar armas a 18 años.

La propuesta de implementar varias modificaciones en este tema empezó a gestarse en mayo pasado, cuando el Ejecutivo comunicó su intención de presentar ante el Congreso un proyecto de ley para agilizar el proceso de obtención de armas, con el objetivo de regularizar la posesión de armamento. En el mismo contexto, también indicaron que se reducirían los procedimientos necesarios, permitiendo a los ciudadanos declarar las armas o pedir su destrucción de manera confidencial.

En este contexto, resaltaron que el propósito inicial del proyecto era implementar reformas que ayuden a “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Esto implicaba la creación de nuevos procedimientos administrativos, más rápidos y sencillos. Desde el Ministerio de Seguridad defendieron la urgencia de modernizar el sistema de trámites con el fin de “tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos”, dado que se estima que actualmente existen más de 800.000 armas de fuego en posesión ilegal.

La actualización se describe dentro en el apartado Legislación y Avisos Oficiales del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los responsables subrayaron la relevancia de implementar esta modificación para seguir con “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”, lo que permitiría a los ciudadanos tener armas de fuego en sus hogares de manera legal.

En la misma línea, la iniciativa también contemplaba la extensión por 4 años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran entregar sus armas de manera confidencial para su destrucción. Esta medida incluiría una política que garantizara su protección frente a posibles sanciones legales por haberlas poseído sin los permisos necesarios.

La idea de realizar diversos cambios en la materia comenzó a ponerse en marcha en mayo pasado.

La principal innovación de esta propuesta es que, simultáneamente, planteó la creación de un sistema que permita a cualquier persona regularizar armas no registradas ante el Estado y mantenerlas como “legítimo usuario”.

El programa gubernamental había estado activo hasta finales de 2023. Su reactivación implicaba la posibilidad de seguir con los esfuerzos para prevenir actos violentos y disminuir la presencia de armas en la sociedad.

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