La historia se repite. El personaje vuelve a ser noticia. Esta madrugada fue detenido por la Policía Federal el narco peruano Marco Antonio Estrada González (53), alias "Marcos", mientras estaba en su casa del country La Celia, en Ezeiza. Cayó junto a su mujer, Silvana Salazar, a las 4.30. ¿La acusación? La misma que lo llevó a ser condenado en tres oportunidades: ser narcotraficante y manejar casi por completo el tráfico de cocaína y marihuana en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
De acuerdo a la información confirmada por Clarín, en total se realizaron 26 allanamientos, muchos de ellos en la propia villa lindera con el estadio de San Lorenzo de Almagro. En el operativo ordenado por el juez Sergio Torres se secuestraron 30 armas, unos 500 kilos de marihuana y 10.000 envoltorios de cocaína y paco.
En abril del año pasado, Clarín publicó que el peruano vivía en el mismo barrio que Alejandro Granados, en ese momento ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires gobernada por Daniel Scioli.
Tanto Granados, actual intendente de Ezeiza, como “Marcos” eran vecinos de La Celia, un barrio ubicado en un ramal de la autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 25, en Ezeiza. Ninguno está en la zona por casualidad: cada uno tiene su historia particular en el lugar.
Granados fue intendente de Ezeiza y su familia reside en “La Celia” desde hace unas ocho décadas. Estrada González compró su primera propiedad en el lugar en 2005 y desde allí escapó a Paraguay en julio de 2007, cuando se ordenó su captura nacional e internacional como líder de una banda narco. Allí cayó detenido. Pero sólo por algunos años.
En febrero de 2014, y en un fallo muy polémico, por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 de Capital, "Marcos" salió de la cárcel de Ezeiza para radicarse en el mismo barrio privado de ese partido bonaerense, donde vivía antes de ser arrestado. Y donde cayó anoche.
Luego de lograr que dos megacausas en su contra se resolvieran en juicios abreviados (sin debate oral) y que se le impusiera una pena única de 10 años de prisión, “Marcos” consiguió su libertad condicional cinco meses antes de lo previsto. La razón: ser un buen estudiante.
Según la resolución del TOF 3, los abogados de Estrada González recurrieron a la ley 26.695, promulgada en agosto de 2011 como modificatoria de la antigua ley de Ejecución Penal, para solicitar su salida anticipada. Detenido en Paraguay el 5 de noviembre de 2007, a “Marcos” le correspondía la libertad condicional recién a partir del 4 de julio de 2014. Lo liberaron diez días antes.
El artículo 140 de esta norma establece una escala de reducción de penas a los presos que decidan estudiar en la cárcel. Y gracias a informes positivos del Servicio Penitenciario Federal, “Marcos” pudo acreditar “logros educativos”. Terminó el secundario (lo que le significó tres meses menos de condena) y completó un curso de formación profesional en mecánica (otros dos meses menos).
Para dejarlo salir de la cárcel, los jueces le habían impuesto cuatro condiciones: fijar domicilio, “abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”, “no cometer nuevos delitos” y presentarse periódicamente ante la Justicia. “Marcos”, en ese momento, les había asegurado a sus íntimos que su vida anterior había “quedado atrás” y que planeaba abrir un local comercial con su familia.
Protagonista de una sangrienta guerra narco que dejó al menos 20 muertos en pos del control de las zonas calientes de venta de droga de la Capital, “Marcos” fue condenado tres veces como narcotraficante.
La primera sentencia en su contra fue en 2004: le impusieron tres años y medio de prisión. En la misma causa fue también condenado quien era su socio, Alionzo Rutillo Ramos Mariño (“Ruti”). Luego de que ambos recuperaran la libertad, la amistad derivó en rivalidad. “Ruti” y “Marcos” comenzaron entonces a matarse soldados.
El episodio más sangriento de esa guerra ocurrió en octubre de 2005 cuando, en medio del fuego cruzado de ambas partes, quedaron los fieles que participaban de una procesión religiosa de la colectividad peruana en la 1–11–14. En la llamada “Masacre del Señor de los Milagros” murieron 5 personas, entre ellas un bebé.
Por la masacre, “Ruti” fue condenado a 18 años de prisión en un juicio oral realizado en 2008. A “Marcos” nunca se lo acusó por esas muertes, pese a las dudas que siempre existieron sobre su participación.
La segunda condena en su contra se originó en una causa iniciada en 2006 en el juzgado de Jorge Ballestero, que ordenó y logró su captura internacional. En ella también se detuvo y procesó a su esposa y a su suegra. Los tres firmaron un primer juicio abreviado (consiste en declararse culpable a cambio de una pena más leve) en 2012.
Pero la cosa no terminó allí, porque el juez Sergio Torres descubrió que el matrimonio seguía manejando todo desde prisión y que habían extendido su negocio al “paco”. Esa causa derivó en el segundo y último juicio abreviado de “Marcos”, en 2013. Sus abogados le aconsejaron firmarlo para salir rápido de la cárcel. Y en ese momento les salió bien.
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