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SUSCRIBITETucumán sancionó por unanimidad la ley de “Ficha Limpia”, una iniciativa que inhabilita como candidatos y funcionarios públicos a quienes tengan condenas.
Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia
La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la ley de “Ficha Limpia”, una iniciativa que inhabilita como candidatos y funcionarios públicos a quienes tengan condenas penales confirmadas en segunda instancia. El proyecto, impulsado por el legislador oficialista Gerónimo Vargas, posiciona a la provincia entre las jurisdicciones que avanzaron con este tipo de normativa en el país.
Con esta aprobación, Tucumán se convirtió en la novena provincia en implementar Ficha Limpia, sumándose a Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. La medida se da en paralelo a un renovado impulso a nivel nacional para debatir reformas electorales.
La sanción provincial se produjo pocos días después de que el Gobierno nacional propusiera incluir la Ficha Limpia dentro de un paquete más amplio de cambios. En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó la iniciativa nacional, al considerarla un “traje a medida para La Libertad Avanza”, y centró sus críticas en la posible eliminación de las PASO.
La normativa determina que no podrán postularse a cargos electivos ni ocupar funciones jerárquicas quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, con penas iguales o superiores a tres años. Durante el debate parlamentario, sectores de la oposición propusieron ampliar la restricción a condenas de primera instancia, aunque ese punto no fue incorporado.
El texto incluye un amplio abanico de delitos considerados graves, entre ellos corrupción, defraudación contra la administración pública, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual y crímenes de lesa humanidad. El umbral de tres años de pena es el que activa la inhabilitación prevista en la ley.
Además, la norma introduce un aspecto novedoso: también quedarán alcanzadas aquellas personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios, ampliando así el concepto de “ficha limpia” más allá del ámbito estrictamente penal.
La ley contempla la creación de mecanismos de control, como registros públicos y la obligación de presentar declaraciones juradas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
Durante el tratamiento, los legisladores defendieron la iniciativa como una respuesta a la demanda social por mayor transparencia y calidad institucional. En ese sentido, remarcaron que la norma apunta a recuperar la confianza ciudadana en la política, en un contexto marcado por reiterados casos de corrupción.
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