El periodo fijado por el Ministerio de Economía culminó a las 18 hs, con buena aceptación entre los minoristas argentinos y casi nula participación de los grandes inversores institucionales por la oferta de la deuda que tiene el Gobierno con los bonistas. Los detalles se conocerán en las próximas horas.
La oferta que presentó el Ministerio de Economía en la Comisión de Valores de Estados Unidos no tuvo una propuesta alternativa, como lo había indicado el ministro Martín Guzmán.
Lo que se pudo conocer, es que ingresó el 70% de los tenedores de deuda en la Argentina a través de La Caja de Valores, equivalente a unos 5000 millones de dólares, menos del 10% de la deuda elegible. Resta saber qué porcentaje se agregó en el exterior, aunque consideran que hayan ingresado los argentinos que tenían sus títulos registrados fuera del país, por una suma similar a la que adhirió en territorio local.
Si las cifras finales no son las que espera el Gobierno, desde Economía pueden optar por hacer el canje la semana próxima pero no evitará un default, negociando desde una posición de debilidad frente a todos los grandes inversores que no entraron al canje y ya habían rechazado esta oferta.
Por el contrario, si los resultados superan el 40%, generaría que el país, a través de los negociadores del Gobierno un respaldo para poder llegar a un acuerdo más equilibrado.
En cualquier caso, sin llegar a los porcentajes mínimos establecidos por las cláusulas de acción colectiva (CAC), el país se enfrentará a la posibilidad de caer en default el 22 de mayo si no paga los 590 millones de dólares que vencen ese día y el resto de los vencimientos en moneda extranjera de este año.
Si esto llegara a suceder, las calificadoras de riesgo pondrán al Gobierno, a las provincias y a las empresas privadas en categoría de default y, por lo que el financiamiento puede ser más caro o haya un corte definitivo, forzando a una emisión monetaria dentro de una fragilidad financiera.
Sin embargo, queda abierta la posibilidad de acercamiento de las posiciones en los próximos meses. Lo que pretenden los acreedores es un menor período de gracia, un mayor cupón desde que termine ese plazo y un reconocimiento de los intereses devengados, a través de otro título público.
Estos cambios, afirman los acreedores, no cambiarán la capacidad de repago del país y le permitirán una capacidad de recuperación más rápida una vez que termine la pandemia del coronavirus, tal vez sin la posibilidad de volver al mercado voluntario en el corto plazo, pero con más oxígeno para que el sector privado se levante.
Desde el Gobierno afirman que una propuesta sustentable puede mejorar la oferta, con una lógica dentro del contexto de recesión global, pero que a la vez entiendan lo bonistas que deben ganar menos.
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