La justicia citó a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri para el próximo 7 de octubre, a la par que le prohibió salir del país, en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan.
La decisión la tomó el juez de Dolores Martín Bava, subrogante del juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que se abrió en esa jurisdicción para investigar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017.
Según fuentes cercanas al expresidente, Macri se encuentra actualmente en Miami.
La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que denunció el año pasado que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Mauricio Macri.
En la misma resolución, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas”
Apenas minutos después de la decisión, familiares de las víctimas celebraron la noticia: “Esto se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él, no puede alegar desconocimiento”, opinó Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos en declaraciones al portal Infobae.
Qué dice la resolución
En la resolución, el juez hizo hincapié en que Macri, se reunió por primera vez con las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017; es decir, a solo cinco días de la desaparición del submarino 64.
Sostiene la resolución que fue a partir de ese encuentro en que comenzó “el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del que tenemos constancia data del diciembre del 2017). De una u otra manera la responsabilidad de los entonces directivos de la AFI en esta cuestión resulta ser evidente”.
Fue entonces que analizó las declaraciones de Silvia Majdalani, en su indagatoria, diciendo que allí “pretendió justificar adjudicando razones de seguridad presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe colocando a dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-, que las hayan fotografiado e identificado y hasta hayan adjuntado sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”.
Para el juez está claro que los informes elaborados “permiten demostrar como lo que realmente le resultaba de interés informar a los agentes de la AFI eran los movimientos de las familiares de los tripulantes del ARA San Juan y no la seguridad presidencial”. Los informes de la AFI, dirigido al Presidente de la Nación, buscaban reportar “sobre los legítimos reclamos que le iban a realizar familiares de las víctimas de la desaparición del submarino ARA San Juan; nada más lejos de la legalidad y de las funciones de la AFI”, dijo el juez.
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