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SUSCRIBITE Cristina Kirchner apeló ante el juez Claudio Bonadío su procesamiento por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA.
Para la justicia, la ex Presidenta y sus funcionarios diseñaron un "plan criminal" para "dotar de impunidad" a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía. La ex mandataria también apeló la prisión preventiva y el embargo de 50 millones de pesos trabado. La defensa a cargo de Alejandro Rúa, que también representa a Héctor Timerman, apeló el procesamiento del ex canciller y el rechazó al pedido de excarcelación.
Cabe mencionar que hace pocos días, Cristina Fernández juró como senadora nacional y a pocos días el juez Bonadío la procesó como responsable de los delitos de “traición a la Patria y encubrimiento agravado”. Según el juez, la actual senadora impartió las órdenes para beneficiar a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina.
"Se trata de un procesamiento arbitrario donde el juez se arroga el papel de desequilibrado legislador y no se siente limitado por el orden jurídico. Y en donde por lo demás se construye aviesamente una hipótesis acusatoria con el único fin de aplicar a nuestros asistidos la calificación legal más insólita. El caso de la imputación por traición a la patria, sobre el que se volverá, es el más grave ejemplo", fue lo primero que planteó la ex Presidenta en su apelación.
Al respecto, la ex mandataria señaló en su apelación que es "falso que el memorando haya obstaculizado la actuación de la Justicia ni estorbado o impedido el ejercicio de ninguna función pública que persiguiera esos fines".
Para el juez, la principal responsabilidad del "accionar criminal denunciado" recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros. Fueron doce los procesamientos, seis de ellos con prisión preventiva. La única que se cumple de manera domiciliaria es la del ex canciller por su estado de salud y la de la ex Presidenta está sujeta a su desafuero en el Congreso.
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