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SUSCRIBITELa protesta busca que el Congreso apruebe el 2 de junio la ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad del sistema educativo.
Docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas y una nueva Marcha Federal.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional de 48 horas. La huelga, que se iniciará el miércoles 25 y continuará hasta el jueves 26, responde a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional respecto a los pedidos urgentes de ajuste salarial.
Durante el segundo día de la protesta, se realizará además una nueva Marcha Federal Universitaria con concentraciones en diversas instituciones educativas a lo largo del país. Esta movilización busca ejercer presión sobre el Congreso para que el próximo 2 de junio sancione la ley de Financiamiento Universitario, destinada a asegurar la viabilidad del sistema de educación superior.
En un comunicado oficial, CONADU enfatiza la relevancia del debate legislativo sobre esta ley para el correcto funcionamiento del sistema educativo: “Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino”, señalan en el texto. “Convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, concluye el comunicado.
La convocatoria sindical abarca a toda la comunidad educativa y a la población en general, con el fin de respaldar la demanda por una educación universitaria pública, accesible y de excelencia. Este reclamo se enmarca en un escenario marcado por recortes presupuestarios y la falta de diálogo entre el gobierno y los representantes sindicales.
La propuesta de ley sobre Financiamiento Universitario tiene como objetivo asegurar la estabilidad y el incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales, estableciendo un monto mínimo garantizado para su financiamiento. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El proyecto fue promovido por sectores de la oposición, mientras que el gobierno lo rechazó argumentando un posible impacto fiscal, razón por la cual decidió vetarlo en octubre de 2024.
Los puntos principales del proyecto:
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