La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones; aunque ante la falta de acuerdos debió postergar por una semana el tratamiento en particular.
La coalición Cambiemos, logró la aprobación con el apoyo del massismo, que, a cambio, consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.
A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que 7 se abstuvieron.
Sin embargo, cuando los diputados abordaron el análisis artículo por artículo se encontraron con que había más objeciones que las previstas y que acordar un texto sería muy engorroso.
La determinación de interrumpir el proceso de tratamiento en particular se precipitó cuando el oficialismo perdió la votación del artículo 1, el que fija el objeto de la ley, en este caso los delitos alcanzados por la nueva norma.
Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista (BJ) había propuesto la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (BJ y Frente para la Victoria-PJ).
El pase a cuarto intermedio era un murmullo en el recinto, cuando la oficialista Elisa Carrió formalizó el pedido, que se votó a mano alzada sin mayores objeciones.
Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massismo y del bloque justicialista, aunque hasta la media tarde se especuló con la posibilidad de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos.
El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.
Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.
"Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita", agregó la legisladora.
¿En qué consiste el proyecto?
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.
Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, quien destacó: "Es la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción empresaria" y aseveró que "acá no se le saca ninguna responsabilidad a aquellos que cometan actos de corrupción".
La legisladora jujeña defendió el sistema de colaborador eficaz porque "queremos información sobre quiénes son los responsables de la corrupción y los que permitieron que no tengamos agua potable, y donde están esos funcionarios que se llevaron la plata; sólo sabemos de José López, pero hay muchos José López".
Agregó que el dictamen mayoría "amplía la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de los funcionarios argentinos y de las personas jurídicas domiciliadas en territorio nacional en los casos específicos de sobornos a funcionarios nacionales y extranjeros".
Desde el Frente Renovador, Mónica Litza dijo que "nosotros tenemos un dictamen y la voluntad de ir a fondo para que los empresarios y los funcionarios corruptos tengan un poco de temor a la ley" y agregó: "Queremos que no haya una ley para pobres y otra para ricos".
Por su parte, el justicialista Jorge David dijo que "esta iniciativa es un avance pero hay muchos artículos que podrían haber sido modificados porque el sistema de penas no es propio del proceso penal" y por eso "nosotros proponemos devolver el dictamen a la comisión no para ‘frizarlo’ sino para modificarlo".
Fuente: Télam
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