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SUSCRIBITE La ley de etiquetado frontal ya existe en otros países como Chile.
Después de casi nueve meses de espera, esta tarde Diputados comenzará a dar el debate sobre la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal. La norma tiene media sanción del Senado y busca identificar, a través de sellos negros al frente de los paquetes, lo que contienen muchos de los productos que se consumen a diario, sobre todo de los alimentos ultraprocesados.
La iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria, que se reunieron por última vez el 6 de abril. En Juntos por el Cambio están convencidos de que el oficialismo cedió gracias a la presión de la oposición y de organizaciones civiles que militan la ley, como UNICEF.
Es que el texto viene siendo presionado del otro lado por una gran parte de las empresas alimenticias, especialmente a través de la COPAL, la cámara que reúne a los jugadores más fuertes del sector, alertados por las posibles implicancias en caso de que se apruebe la norma actual, la cual será fuertemente restrictiva.
Si bien en el Senado pasó de manera exprés, en Diputados Sergio Massa decidió que la misma sea evaluada por seis comisiones, una maniobra que fue leída como un intento por dilatar su tratamiento, otra diferencia puertas adentro de la coalición gobernante.
El ala kirchnerista puja por avanzar con el texto del Senado sin cambios para no dilatar más el debate y, en todo caso, realizar los retoques necesarios en la reglamentación. Una de las abanderadas más firmes de la causa es Florencia Lampreabe, que se apresuró a decir que la “voluntad” de su bloque es no alterar el proyecto.
Del lado de enfrente, Pablo Yedlin, diputado por Tucumán y presidente de la Comisión de Salud, asegura estar a favor de la ley pero pide algunos ajustes para armonizar la normativa con el Mercosur. Esa fue la postura que llevó a las comisiones el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, que también es tucumano.
De todos modos, son varios los diputados que sostienen, sin distinción política, que el Mercosur no es un obstáculo. “Lo que se está regulando es lo que se vende en la góndola de nuestro país, no la etiqueta de exportación. La etiqueta de exportación se adecúa a la norma del lugar de destino”, sostuvo a medios nacionales Brenda Austin, de la UCR.
Además de la cuestión del Mercosur, la discusión pasa por dos artículos, el 7 y el 19. El 7 establece cuáles son los productos que quedarán exceptuados del sello de advertencia: el azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa. Desde la UCR señalan que esta enumeración taxativa dejó afuera alimentos como la leche y la miel, que tampoco deberían llevar el octógono negro.
El artículo 19, en tanto, fija los plazos para que la industria alimenticia se adapte a la ley. Se otorga un máximo de seis meses desde la entrada en vigencia para las grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas tendrán 12 meses más, con posibilidad de prórroga. Por último, hay un problema adicional para la reglamentación: el proyecto no dice cuál será la autoridad de aplicación, algo que en esta ley es determinante.
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