Esta semana, la Cámara de Diputados aprobará el proyecto de Presupuesto 2023, con el apoyo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales.
Diputados tratará esta semana el Presupuesto 2023
El plan de gastos contará con votos del oficialismo y bloques provinciales. Se debatirá en una sesión especial pedida por el bloque del Frente de Todos.
La iniciativa se caracteriza por contar con una búsqueda de disminución del déficit fiscal y, a la vez, destina la mayor parte de sus recursos para gastos sociales.
Uno de los puntos añadidos por el oficialismo en las últimas jornadas al proyecto presentado por el Ejecutivo es la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, lo que brindaría la posibilidad de sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
Diputados pedirán más fondos para el transporte en el interior
La ley de gastos y recursos se debatirá en una sesión especial pedida por el bloque del Frente de Todos (FdT) a partir del mediodía del martes y se calcula que la discusión del mismo -compuesto por 143 artículo- llevará cerca de 22 horas de debate.
El apoyo
El oficialismo ya tiene asegurada la aprobación a raíz de que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, de manera que tiene a su favor más de 130 votos.
A esto podría sumarse el grueso de Juntos por el Cambio, que este lunes dará lugar al debate si votan en general, como propone la UCR y Evolución Radical; o si se abstienen, como elige la mayoría del Pro y la Coalición Cívica, aunque en un primer momento la intención de estos últimos es manifestarse en contra.
La decisión será tomada después de analizar algunas modificaciones que se están aplicando en el dictamen durante este fin de semana, siguiendo lo señalado a Télam fuentes parlamentarias opositoras.
Uno de los cambios fue quitar la posibilidad de cobrar un extra del 15 por ciento en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas, un tema que se barajó en los días previos.
Las modificaciones
El tratamiento del Presupuesto arribará al recinto de la Cámara baja tras haber tenido una ronda de consultas de la cual formaron parte nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, y después de cuatro jornadas de análisis de los legisladores donde se introdujeron cerca de 30 cambios respecto del proyecto original.
Los cambios fueron acordados entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez; la secretaria parlamentaria del bloque y miembro de La Cámpora, Paula Pennaca; el equipo económico y los senadores nacionales oficialistas.
De todas formas, el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía conserva todas las variables macroeconómicas -que son el centro del texto-: estima un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% y una pauta inflacionaria del 60%.
El proyecto calcula un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Uno de los temas que se llevó el protagonismo en el debate de las últimas semanas -que fue liderado por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller- fueron las previsiones respecto al aumento de precios del año 2022, ya que hasta septiembre se vienen acumulando una suba del 66,1% y en los últimos doce meses suma 83%, con lo cual desde la oposición creen que no se podrá cumplir con el objetivo del 90% fijado en la iniciativa.
Por esa razón, y ante el pedido de JxC, se incluyó una cláusula por la cual si incrementa la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se tendrá que implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
En esa línea, determina que si "al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria". La iniciativa también establece que no se podrá ampliar el Presupuesto por decreto.
Otro aspecto que se sumó al proyecto impulsado por el oficialismo, y que viene dando lugar a debates desde hace más de 20 años, es la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Sobre el debate de la iniciativa, el diputado mendocino Lisandro Nieri le manifestó a Télam: "Valoro que puedan tener el Presupuesto, aun no compartiendo el mismo por donde hacen el ajuste: salud, discapacidad, niñez, promoción de renovables, universidades".
Desde el FdT, el diputado de Patria Grande Itaí Hagman resaltó que "desde que llegó el proyecto de Presupuesto 2023, dedicamos muchas horas a su análisis y discusión con otros diputados y también al interior de nuestro bloque. Gracias a ese trabajo colectivo logramos importantes modificaciones en partidas sensibles"
Hagman, por medio de su cuenta en la red social Twitter, dijo que "hemos logrado un presupuesto que no ahorra en ninguna política vinculada a garantizar derechos fundamentales. Dicho esto, quiero decir que resolver los serios problemas que tiene la economía argentina no dependen solo de esta discusión".
Indicó que depende "principalmente de la política macroeconómica y de las batallas que tenemos que dar para bajar la inflación, recomponer los ingresos de los trabajadores, proteger a los más vulnerables y evitar los abusos y presiones de los poderosos. Ese es el debate central que hay que dar".
A su vez, más allá de las modificaciones respecto a la pauta inflacionaria y al fin de la exención de Ganancias en la justicia, el dictamen de mayoría añadió más de una treintena de cambios que fueron planteados transversalmente por diputados del oficialismo y la oposición, entre los que se ubicaron el tema de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la posibilidad de deducir de Ganancias gastos educativos y una suba de partidas de los programas sociales, entre otras cuestiones.
Respecto al transporte de pasajeros, el dictamen fija que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones como piso, pero establece la obligatoriedad de tener la Sube para controlar los subsidios por jurisdicción.
Sobre Cammesa, las provincias tendrán que ejercer el control del pago de sus prestadoras al mercado mayorista y contarán con seis meses para acordar cómo se efectuará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas.
En cuanto a los fondos destinados a la educación, se aumentarían 12 millones para comedores escolares; 4149 para equipamiento, unos 59 mil en las Becas Progresar, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones, con lo cual el presupuesto total de educación ascenderá a $1.848.888 millones de pesos.
En cuanto a los gastos sociales, Heller informó un incremento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, y otros $4.000 para los derechos de la niñez.
Otros partidas que incluyeron son para la Rioja $ 47.000 millones para distribuirse entre la provincia y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.
Otro punto es que se reforma un artículo respecto a la regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre de 2022 en todo el territorio nacional, que incluirá la condonación de capital y de intereses.
También se cambiaron los impuestos internos sobre los productos electrónicos elaborados en Tierra del Fuego para que suban del 6,5% al 10%, mientras que el gravamen para aquellos importados subirán hasta el 19%.
Otro punto que queda por definir fue el pedido del diputado de Misiones Diego Sartori para la incorporación de esa provincia en la denominada "Zona Aduanera Especial".
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