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La manada de Chubut. En una manifestación, reclaman la encarcelación de seis hombres que cometieron la violación de una menor semi inconsciente en 2012.

La manada de Chubut. En una manifestación, reclaman la encarcelación de seis hombres que cometieron la violación de una menor semi inconsciente en 2012.

La decisión del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, de sobreseer a tres hombres acusados de una violación en manada que se produjo en 2012 y de cambiar la carátula de la causa a “abuso sexual simple”, revolucionó a la opinión pública de todo el país, sobre todo luego de que Rivarola justificara el hecho, reconocido por los violadores, al considerar en su dictamen que incurrieron en un "accionar doloso de desahogo sexual" cuando la víctima estaba semi consciente.

Este dictamen, que hace referencia a un abuso sexual mencionado como un desahogo sexual, “se entiende como una muestra más de una cuenta pendiente de la Justicia argentina y de muchos de sus administradores, que carecen de perspectiva de género a la hora de dictar sus resoluciones”, según explica Roberto Carlés, abogado y doctor en Derecho, en diálogo con Canal 4.

En ese mismo sentido, agrega que parte de los problemas que tenemos en la Justicia en nuestro país para abordar la violencia de género es, precisamente, la falta de perspectiva de género en los poderes judiciales pero también en el código penal y en los abogados.

“Tenemos un Código Penal sancionado en una época en la que las mujeres no tenían derechos políticos, ni siquiera votaban. En las facultades se enseña con tratados imbuidos con ese paradigma, que lleva a interpretar todo el derecho penal sin perspectiva de género”, explica Carlés y agrega que, por eso, lo que ocurrió en Chubut “no nos sorprende porque son muchos los casos que no trascienden”.

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“El derecho penal es esencialmente una de las ramas más patriarcales del derecho y la que menos cambios ha sufrido, a diferencia, por ejemplo del derecho civil. El derecho penal argentino atrasa más de un siglo”, señala.

Carlés detalla que la falta de claridad del Código Penal y las interpretaciones “imbuidas de un paradigma patriarcal” no son tan preocupantes en el caso concreto de Rawson - se trata del dictamen de un fiscal pero quien tomará la decisión final es el juez e incluso esa resolución podría apelarse -. “Lo que preocupa más allá de este caso puntual es que se trata de uno más de violencia institucional ejercida desde los tribunales”. Y esta situación, puntualiza Carlés, “no puede resolverse con cursos de género”. Señala al respecto que la Ley Micaela, que establece la capacitación en temas de género para todo el personal de los tres poderes del Estado, es “un gran avance pero no es suficiente porque la formación de los juristas adolece de esta falta de perspectiva”.

“Si cuando estudiamos los delitos en particular partimos de teorías que se enfocan más en el autor que en la víctima estamos frente a un grave problema”, comenta el especialista.

Con respecto al caso de Chubut, primero observa que es inexplicable la demora de casi ocho años de la Justicia en llega a la acusación - todavía no ha comenzado el juicio - y dice que todo este tiempo sin respuesta es también una forma de violencia institucional y re victimización. En cuanto al dictamen del fiscal agrega: “Yo entiendo que hubo un cambio de calificación de un abuso sexual gravemente ultrajante - violación en manada - a una violación simple - dice y agrega que, como no ha leído es el expediente del caso, no le corresponde opinar.

Sin embargo, sí se refiere a la expresión “desahogo sexual” que utiliza el fiscal Rivarola: “Tiene que ver con lo que comentaba: los delitos sexuales en la Argentina han sido concebidos desde la perspectiva del autor: que en un caso de abuso sexual procurar la búsqueda de la satisfacción sea el determinante del delito es lo que ha impedido que personas son autores pero no cometen la penetración, como los que sujetan a la víctima, sean sobreseídos”. Agrega que se trata de delitos que son “de propia mano, solo de aquel que se procura el desahogo sexual”, y que por eso es un paradigma que “atrasa más de un siglo” y que ha sido revertido en muchos tribunales, como en los casos de terrorismo de Estado en que se ha condenado a personas que realizaron una tarea que implicaba funciones para poder facilitar la violación.

Carlés no deja lugar a dudas. Habla de un derecho penal que sigue manejando categorías que tienen más de un siglo y destaca que han sido elaboradas para una sociedad distinta de la nuestra, en el que las mujeres no tenían siquiera la posibilidad de opinar.

El dictamen fiscal que justifica la violación "es violencia de género ejercida desde Tribunales"

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