El neurocirujano Dante Converti fue imputado en la causa penal que inició el Ministerio de Salud por la muerte de Oscar García Rua, un paciente de Covid-19 de 92 años que había sido tratado hace unos días con Dióxido de Cloro por recomendación del galeno, aun cuando dicho químico no está autorizado por ANMAT y recibe el rechazo de la comunidad médica.

Ayer por la tarde investigadores judiciales allanaron el consultorio de Converti por orden del juez federal Sebastián Casanello ante la existencia de movimientos que hicieron pensar sobre un intento de vaciamiento en el lugar. Allí encontraron historias clínicas y recetas en las que se recomendaba el uso del compuesto químico.

Converti quedó en el ojo de la tormenta luego de haber sido quien recomendó tratar a Rua con Dióxido de Cloro. Ante este consejo, José María Lorenzo, el hijo de la pareja del paciente presentó un amparo ante la justicia para que le autoricen a llevar adelante el procedimiento. El juez Javier Pico Terrero hizo lugar al mismo, al considerar que evitaba "el agravamiento de las condiciones de vida” del paciente. El magistrado dictaminó la necesidad de “garantizar la implementación de los tratamientos prescritos por su médico tratante”, por lo que tuvo luz verde.

Sin embargo, desde el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires se negaron a realizar la práctica. Fue el propio Converti quien suministró el dióxido de cloro a Rua. Al día siguiente, el paciente presentó fiebre. Por la noche, fue llevado a terapia intensiva y murió horas más tarde. Acto seguido, los familiares del paciente decidieron demandar al sanatorio por la aplicación tardía del dióxido de cloro. Aseguraron que el tratamiento pudo haber mejorado la situación del paciente si su aplicación no se hubiese demorado 48 horas.

Pero ante la difusión del caso, la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvieron a alertar sobre la peligrosidad del dióxido. Distintos profesionales médicos manifestaron su rechazo y también pusieron el ojo en el juez que permitió una práctica que no está autorizada. Es por ello que Casanello investiga también una posible "mala praxis judicial" de Terrero.

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