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SUSCRIBITECristina Kirchner deberá reportarse en Comodoro Py y quedará alojada en una dependencia policial hasta resolver su pedido de prisión domiciliaria.
En una decisión histórica para la justicia argentina, este martes la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y actual líder del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad
Como consecuencia, el Tribunal Oral Federal 2 ha dispuesto que Kirchner se presente en los tribunales de Comodoro Py dentro de cinco días hábiles, donde será notificada de su detención y comenzará a cumplir la pena. La justicia también solicitó que se le asigne una dependencia especial de las fuerzas de seguridad para alojarla, previo a que se evalúe su eventual pedido de prisión domiciliaria.
La decisión de la Corte Suprema, adoptada de forma unánime, avala sin cambios las condenas previas por “administración fraudulenta” que favorecieron al empresario Lázaro Báez entre 2007 y 2015.
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.
Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.
Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.
Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.
En total, el fallo ordenó el decomiso de $84.835.227.378,04, suma que deberá ser actualizada al momento de ejecutarse la sentencia.
Uno de los elementos que más peso tuvo fue lo que el fiscal Diego Luciani llamó el “plan limpiar todo”, evidenciado en mensajes de WhatsApp extraídos del celular de López tras su detención en 2016 con bolsos con nueve millones de dólares.
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