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SUSCRIBITE-La pesca ilegal representa una pérdida económica estimada de US$ 600 a US$1.000 millones al año, es decir, entre el 30% y el 50% de lo que el país exporta al mundo.
-Se calcula que más de 300 embarcaciones extranjeras operan en la milla 201, muchas de ellas con licencias británicas en Islas Malvinas. La flota captura aproximadamente 250 mil toneladas anuales de especies como el calamar.
-Los buques extranjeros que son detectados enfrentan un proceso sancionatorio. El monto de las multas se calcula en Unidades Pesca, cuyo valor equivale al de un litro de gasoil y puede llegar a millones de dólares.
Por ADNSUR
La pesca ilegal en aguas internacionales frente a la costa argentina representa una pérdida económica estimada de US$ 600 a US$ 1.000 millones al año, según especialistas. Esto equivale a entre el 30% y el 50% de lo que la Argentina exportó al mundo por este rubro en 2024.
Más de 300 embarcaciones extranjeras operan en la milla 201, a menos de 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia (Chubut), muchas de ellas con licencias británicas en Islas Malvinas. Te contamos las claves sobre el tema en esta nota.
Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es un término que engloba una gran variedad de actividades pesqueras.
Esencialmente, la definición encierra a la actividad realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo su legislación. La FAO aclara, además, que este tipo de pesca ocurre tanto en zonas de jurisdicción nacional como en alta mar.
La milla 201 es una franja marina ubicada fuera de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, donde las normas nacionales sobre la pesca no se aplican de la misma manera.
Es decir que, hasta la milla 200, el Estado tiene derechos exclusivos para explorar y explotar los recursos naturales, como la pesca y el petróleo. Este límite se encuentra definido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Sin embargo, más allá de la milla 200, en la llamada “milla 201”, el país pierde estos derechos exclusivos, y la zona pasa a ser considerada como “alta mar”, lo que implica que no está bajo la jurisdicción exclusiva de ningún Estado, aunque sigue siendo un espacio de cooperación internacional.
En 2016, la Argentina presentó un informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en el cual demostró que su plataforma continental se extiende hasta las 350 millas. Al aprobarse, el país obtuvo una ampliación de su jurisdicción sobre la plataforma continental entre las 200 y 350 millas, pero ésta se limita a los recursos del subsuelo (como pueden ser el petróleo y el gas) pero no así sobre los ictícolas (pesca).
La milla 201 es conocida por su riqueza marina, que en el caso de la Argentina se traduce en especies como el calamar, la merluza y la denominada merluza negra (de alto valor económico), que migran constantemente entre el mar territorial y el externo.
El prefecto Sergio Almada, coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control del Tráfico Marítimo (Eicemar) de Prefectura Naval Argentina, destacó al ser consultado por ADNSUR -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- que el principal problema en la zona no radica en los ingresos ilegales de buques a la zona económica exclusiva, sino en la presencia constante de una gran cantidad de barcos en la milla 201.
Según datos divulgados por César Lerena, especialista en el Atlántico Sur y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel), la flota que opera en esa milla captura aproximadamente 250 mil toneladas anuales de calamar. Esto, según el mismo investigador, genera un perjuicio económico de entre US$ 600 y US$ 1.000 millones de dólares anuales para el país. Esto equivale a entre el 30% y el 50% de lo que la Argentina exportó al mundo por este rubro en 2024.
La razón es que especies como el calamar illex son altamente demandadas en el mercado internacional. “Son recursos que nacen en aguas argentinas y luego migran hacia alta mar o las Islas Malvinas. Es ahí donde esta flota, en algunos casos con licencia británica, pesca y extrae miles de toneladas sin que el país reciba beneficios por ello”, explicó Lerena.
Según datos oficiales, desde 1986 a 2020 Prefectura capturó 80 buques, 15 de ellos de bandera de Corea del Sur, 12 de China, 11 de Taiwán y 11 de España. Dos de estos 4 países (China y España) son los principales destinos de las exportaciones de pesca argentinas.
Desde entonces, no ha habido nuevas capturas, lo que refleja, según expuso Almada a ADNSUR, la efectividad de los controles desplegados por Prefectura y la Armada.
Con la finalidad de establecer un marco de control a esa actividad de la flota internacional, el Gobierno argentino firmó un acuerdo, impulsado por las Naciones Unidas, sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Este acuerdo tiene como objetivo proteger la biodiversidad marina en las áreas del océano que están fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, en aguas internacionales.
Sin embargo, si bien el país firmó el acuerdo, aún no lo ha ratificado, y por lo tanto, no está en vigor ni a nivel nacional ni internacional, según explicó el prefecto Almada. La ratificación requiere una decisión del Congreso de la Nación.
El coordinador del Eicemar dijo además que, si bien el acuerdo BBNJ tiene el potencial de aportar a la problemática de la milla 201, no lo ve como una solución definitiva.
En cambio, destacó que la mayor posibilidad de impacto positivo pasaría por un reciente acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la eliminación de subsidios dañinos a la pesca. Esto podría reducir los incentivos para que las flotas extranjeras operen en áreas no reguladas, como la milla 201, al retirar los subsidios en casos de pesca ilegal o en áreas no reguladas.
Los buques extranjeros que son detectados pescando ilegalmente en aguas argentinas enfrentan un proceso sancionatorio establecido en el Régimen Federal de Pesca. En primer lugar, la Prefectura Naval Argentina hace un sumario para determinar si hubo infracción y, posteriormente, la autoridad de aplicación -hoy la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación- evalúa las sanciones correspondientes.
Las penalidades pueden variar según la gravedad del delito y los antecedentes del infractor. Entre las sanciones posibles se encuentran: la multa; la suspensión o la cancelación de la inscripción del buque en los registros nacionales; el decomiso del equipo de pesca y de la captura obtenida; e, incluso, la incautación total del buque.
El monto de las multas se calcula en Unidades Pesca (UP), cuyo valor equivale al de un litro de gasoil. La multa mínima para quienes pescan sin autorización no puede ser inferior a 3.000 UP, mientras que aquellos que operan sin permiso enfrentan sanciones que van desde 500.000 hasta 3.000.000 UP, lo que equivale a millones de dólares según el valor del combustible vigente.
El pasado 22 de marzo, se conoció la sanción a un buque chino que operaba bajo bandera de Vanadu dentro de la Zona de Exclusión Económica Argentina. Aunque la Subsecretaría de Pesca no precisó el monto impuesto, fuentes extraoficiales señalaron a Infobae que el valor total superaría los $ 700 millones (unos US$ 640.000 al tipo de cambio oficial).
Almada valoró la importancia del nuevo sistema de sanción electrónica implementado por la Prefectura Naval Argentina y destacó sus ventajas, ya que permite imponer multas y sanciones sin la necesidad de capturar físicamente a los buques infractores. Esto se logra mediante el uso de tecnología avanzada, como el sistema Guardacostas, que monitorea y detecta a los buques que apagan sus “sistemas de identificación automática” (AIS, por su sigla en inglés) para no ser detectados.
Entre las principales ventajas, se destaca el evitar el uso de la fuerza, además de los inconvenientes que se generan para puertos patagónicos, cada vez que un buque debió ser capturado y quedar en custodia, ocupando espacios necesarios para la actividad durante tiempos en exceso prolongados.
Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
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