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SUSCRIBITEEl oficialismo mantiene en suspenso el envío del proyecto mientras debate el alcance de las modificaciones, el endurecimiento de penas y el tratamiento de temas sensibles como corrupción y lavado de dinero.
El Gobierno debate cómo dividir la reforma del Código Penal y dilata su envío al Congreso.
El Gobierno nacional abrió una nueva discusión interna sobre la reforma del Código Penal y, por ahora, mantiene en suspenso su envío al Congreso. La principal diferencia dentro del oficialismo pasa por definir si conviene avanzar con un paquete parcial de modificaciones o presentar una propuesta más amplia que abarque más capítulos del texto.
Según medios nacionales un sector del Ejecutivo, integrado entre otros por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, impulsa una estrategia por etapas. La idea es priorizar cambios que consideren más viables en términos políticos y legislativos, sin abrir al mismo tiempo todos los frentes que implicaría una reforma integral.
Dentro de ese esquema acotado figuran la incorporación o actualización de delitos como las estafas piramidales, los crímenes de “viudas negras”, las salideras, entraderas y motochorros. También aparecen propuestas para endurecer penas por grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, tenencia de armas en cárceles y maltrato animal.
Además, el paquete bajo análisis incluye modificaciones vinculadas a delitos migratorios, con sanciones para el ingreso ilegal, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados. En la Casa Rosada consideran que este tipo de medidas podría reunir mayor consenso social y menor resistencia parlamentaria.
Del otro lado, sectores alineados con Santiago Caputo buscan que el envío al Congreso sea más ambicioso. Esa postura sostiene que fragmentar demasiado la reforma puede reducir su impacto político y estirar indefinidamente la discusión sobre temas que el Gobierno considera centrales.
En ese grupo de cuestiones sensibles aparecen el tratamiento penal de la corrupción, los cambios en lavado de dinero y otros capítulos que ya figuraban en borradores anteriores. Justamente, uno de los focos de tensión interna surgió por la discusión sobre una eventual falta de aumento de penas en delitos de corrupción y por el peso que tendrían dentro del nuevo esquema.
Los medios también marcaron que la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, será el área encargada de revisar la redacción final y ordenar qué texto avanzará finalmente hacia la firma de Javier Milei. Por ahora, dentro del oficialismo reconocen que todavía no existe una versión cerrada del proyecto.
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