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SUSCRIBITELa Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad con una amplia mayoría.
Emergencia en Discapacidad.
La mega sesión convocada por la oposición este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con 172 votos afirmativos, la oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios. En tanto, los libertarios y sus aliados lograron 73 rechazos, mientras que se registraron 2 abstenciones.
La Casa Rosada vetó la norma argumentando su alto costo fiscal. Desde el oficialismo sostienen que las cuentas públicas no soportarían el nivel de gasto que implicaría su implementación.
El rechazo en Diputados representa un primer paso clave, pero aún falta que el Senado también insista con la sanción original de la ley.
Si la Cámara alta reúne la misma mayoría especial de dos tercios, el veto presidencial quedará sin efecto y la Ley de Emergencia en Discapacidad entrará en vigencia.
La iniciativa, que tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.
El dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, proponía reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213 mil) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. No obstante, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
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