Luego de un 2020 con muchísima actividad a pesar de la pandemia, la Cámara de Diputados termina las dos semanas de receso legislativo acordada entre los bloques y comienza a moverse para seguir con el temario propuesto por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias del verano.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, deberá primero resolver una cuestión administrativa que amenaza con bloquear el arranque de las sesiones, que apuntaba a lograr para el próximo 20 de enero. Y es que el Protocolo de Funcionamiento Remoto implementado –y renovado entre conflictos durante el pasado año- se venció el pasado 3 de enero y necesita de la firma del interbloque de Juntos por el Cambio para poder seguir en funcionamiento.

La idea sería extenderlo hasta el 12 de febrero en los mismos términos que hasta ahora, es decir, con la presencialidad como regla y unas pocas excepciones autorizadas por motivos sanitarios. Así, los diputados que forman parte de los grupos de riesgo podrán continuar sesionando desde sus provincias, mientras que la gran mayoría deberá asistir al recinto, donde se seguirán aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social.

Desde la oposición se encuentran en alerta sobre el regreso a la Cámara, y es que buscan acordar un temario que excluya algunos temas controversiales, como la reforma judicial o la del Ministerio Público Fiscal.

Es por ello que propondrían que se enumeren los temas a tratar antes del 1ro. de marzo entre los veinte que quedaron pendientes del mes de diciembre, para no encontrarse con ninguna sorpresa. Lo cierto es que, si bien el presidente Alberto Fernández le pidió a sus diputados avanzar este año con los cambios en la Justicia, el proyecto aprobado en el Senado no está, por ahora, en el radar del Frente de Todos, que apunta a tratar primero otras iniciativas.

El principal apuro hoy por hoy es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, donde se busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.

También los incentivos a la construcción, prórroga de la ley de biocombustibles y cambios al régimen de monotributo.

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