Potenciar Trabajo: ¿Cómo avanza la auditoría del programa?

Cada titular deberá ir a un lugar específico. “Será como un pequeño censo”, explicaron desde el Gobierno. El incentivo a no asistir es claro: se prevé que las personas convocadas no vayan a relevarse ante el temor a perder el subsidio. Por ello, desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social remarcaron que el registro será obligatorio. De no asistir, las personas recibirían el siguiente mes el 50% del monto y, el siguiente, dejarán de percibir el subsidio. Los que a raíz del relevamiento no cumplan las condiciones de trabajo que implica el plan, también perderían la transferencia mensual de $23.935.

Actualmente, los encargados de hacer el relevamiento se encuentran en etapa de capacitación. Estarán dedicadas a las tareas de encuesta entre 600 y 1000 personas por día, dependiendo de la cantidad de operativos que se lleven a cabo en cada jornada. Desde el Gobierno no aclararon cuánto ganarán.

Como otras medidas del paquete presentado por Massa hace dos semanas, esta auditoría ya se había anunciado y empezado a ejecutar. El equipo de Juan Zabaleta, cercano a Alberto Fernández, mantuvo reuniones con universidades previamente a las declaraciones del nuevo ministro de Economía. Lo que se definió es comenzar por el plan Potenciar Trabajo.

¿En qué consiste en programa Potenciar Trabajo?

Su objetivo, de acuerdo con el Gobierno, era promover la inclusión laboral y la terminalidad educativa de aquellos en “situación de vulnerabilidad social y económica”. Para ello, los beneficiarios debían optar por cumplir su contraprestación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la asistencia a clases. Sin embargo, cerca de 15.000 personas consiguieron empleo formal desde que comenzó el programa, en 2020. Se trata de solo el 1,2% de los beneficiarios.

El Gobierno advirtió la falta de cumplimiento de las condiciones del programa. Se sumó a eso que el manejo de los planes fue otorgado a organizaciones sociales, lo que desencadenó cerca de 8000 denuncias por irregularidades, como algún tipo de amenaza, la exigencia de un bono o cuota en concepto de aporte a la organización, o presión para asistir a marchas o movilizaciones. Esos casos están siendo tratados como denuncias, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social.

Puntualmente, los planes son manejados por “unidades de gestión”. Se trata de municipios, provincias, organizaciones sociales, asociaciones civiles, federaciones o cooperativas que tienen la responsabilidad de certificar la participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación laboral o educativa. El año pasado, el Gobierno habilitó la posibilidad de cambiar de unidad de gestión. Se registraron más de 200.000 solicitudes de cambio.