La medida forma parte de un proceso iniciado durante 2024 y tiene como eje central la reconfiguración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que mantiene su rol rector dentro del sistema, aunque con funciones más delimitadas. El decreto ratifica a Cristian Auguadra como titular del organismo y a Diego Kravetz como su segundo, sin modificar la actual conducción.
Uno de los puntos centrales del decreto es la delimitación precisa de las funciones de la SIDE. El organismo deja explícitamente de lado tareas vinculadas a la seguridad interior o a la investigación criminal, áreas que quedan bajo la órbita de otros organismos del Estado.
La nueva normativa establece que la función principal de la SIDE es producir inteligencia estratégica para el Poder Ejecutivo, con información analizada, verificada y orientada a la toma de decisiones. De este modo, se busca despejar ambigüedades que existían en la práctica y que habían generado superposiciones con otras agencias.
Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma no busca ampliar el poder de la SIDE, sino clarificar su alcance y reducir áreas que no se vinculan de manera directa con la producción de inteligencia estratégica. En ese sentido, se apunta a un esquema más ordenado, con responsabilidades definidas y mayor articulación entre organismos.
Un sistema que busca orden y coordinación
El texto oficial reconoce que el sistema de inteligencia arrastraba problemas estructurales desde hace más de dos décadas. La coexistencia de múltiples dependencias con funciones similares, sumada a la falta de integración de información, derivó en superposiciones y en una utilización ineficiente de los recursos del Estado.
El nuevo esquema propone una organización más clara, con canales formales de coordinación y un enfoque orientado a la producción de inteligencia estratégica. La idea central es que la información relevante llegue de manera oportuna a quienes toman decisiones, evitando duplicaciones y vacíos operativos.
La SIDE queda reafirmada como el organismo responsable de coordinar el sistema en su conjunto, centralizar información y mantener vínculos con agencias de inteligencia extranjeras, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Aprehensiones y límites operativos
El decreto también regula de manera específica los casos en los que el personal de inteligencia puede intervenir de forma directa ante determinadas situaciones. Se habilita la posibilidad de realizar aprehensiones únicamente en contextos vinculados a la protección de instalaciones, personal, información o durante situaciones de flagrancia.
En todos los casos, la norma establece la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes, dejando en claro que no se trata de funciones policiales sino de una facultad excepcional y acotada.
Otro eje central de la reforma es la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia. A partir de ahora, este organismo se concentrará exclusivamente en detectar y prevenir amenazas externas como espionaje, sabotaje o injerencias de actores extranjeros.
El objetivo es separar de manera tajante las tareas de contrainteligencia de cualquier intervención en asuntos internos o políticos, y fortalecer la capacidad del Estado para anticipar riesgos estratégicos.
El decreto también introduce modificaciones en el ámbito de la defensa. Se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se concentra esa función en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La medida busca simplificar estructuras, evitar duplicaciones y mejorar la coordinación con el Ministerio de Defensa.
SIDE
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Separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad
Uno de los cambios más relevantes es la diferenciación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La primera queda bajo la órbita de la SIDE, mientras que la segunda pasa a un nuevo organismo especializado: el Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Este organismo tendrá a su cargo la protección de infraestructuras críticas, sistemas informáticos del Estado y servicios digitales esenciales, con un enfoque técnico y operativo.
El decreto crea dos ámbitos permanentes de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. La primera reúne a los organismos que integran el sistema de inteligencia, mientras que la segunda incorpora a dependencias estatales que generan información relevante, como Migraciones, Aduana y Cancillería.
Ambos espacios buscan ordenar el flujo de información, garantizar trazabilidad y mejorar la cooperación entre áreas del Estado.
Control y marco institucional
La reforma también refuerza los mecanismos de control interno mediante la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, encargada de auditar el funcionamiento del sistema y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
El decreto ya se encuentra en vigencia y será analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, tal como lo establece la legislación para este tipo de medidas.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es contar con un sistema de inteligencia más claro, ordenado y eficiente, alineado con las necesidades actuales del Estado y con reglas precisas para cada uno de los actores involucrados.
