La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, seguirá siendo investigada en la causa conocida como la “ruta del dinero k”, según determinó la Sala II de la Cámara Federal. Cabe destacar que el fiscal Marijuan había dictaminado dar por terminada con la acusación tras diez años de trámite, pero una ONG pidió ser querellante y apeló.
Resolución de la Cámara Federal contra Cristina Fernández de Kirchner
En la resolución de la Cámara Federal se planteó que se debe analizar la causa junto a las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces que ahora irá a juicio oral y se sugirió incorporar las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos, así como las maniobras de lavado de dinero que salpican al financista Ernesto Clarens.
La orden de reabrir la investigación sobre la vicepresidenta se trató de una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por rechazar el planteo. Sin embargo, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, cada uno segun su voto, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas.
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La Cámara Federal quedó en condiciones de definir si revocará el sobreseimiento de Cristina en el expediente.
Qué es la causa de la "ruta del dinero k"
El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante s maniobra millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares.
En el juicio oral se sostuvo que ese dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación confirmaron las condenas, aunque bajaron las penas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública.
En instrucción, sin embargo, siguió tramitando la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas presuntas maniobras de lavado. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada.
El juez, Sebastián Casanello, dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.
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