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SUSCRIBITELa Cámara de Diputados de la provincia de Salta, aprobó ayer el proyecto de ley para establecer que los deudores alimentarios que figuren en el registro provincial no puedan ingresar a canchas y casinos.
La Cámara de Diputados de la provincia de Salta otorgó en la jornada de ayer media sanción al proyecto de ley que establece que aquellos deudores alimentarios, que figuren en el registro provincial, no podrán ingresar a canchas o a otros escenarios de espectáculos deportivos, como tampoco a los casinos y a otras casas de juegos de azar.
Las medidas que contiene la iniciativa legislativa, y que ahora pasó al Senado en revisión, se suman a la ampliación de las restricciones en el ámbito del municipio de la ciudad de Salta que el Concejo Deliberante aprobó en la primera semana de este mes. Entre otras disposiciones, la Ordenanza establece que los deudores alimentarios no tendrán acceso a cargos políticos en el municipio capitalino.
En el recinto también expresaron que son 1.447 los deudores alimentarios que actualmente figuran en el registro y que de ese grupo, la gran mayoría son varones y solo 6 son mujeres.
Cabe destacar que ambas medidas solo alcanzan a aquellas personas que se encuentren incluidas en el Registro de Deudores Alimentario de Salta y que tengan tres meses sin pagar la cuota o cinco meses discontinuos.
La diputada Socorro Villamayor remarcó que limitar el acceso a ciertos espacios sociales funciona como una medida efectiva para evitar que las mujeres deban acudir una y otra vez a la Ciudad Judicial. “Al no poder participar de determinadas actividades, la persona se verá incentivada a cumplir con el pago correspondiente, lo que evitará que la madre tenga que recurrir nuevamente a la Justicia”, explicó.
Villamayor enfatizó que el pago de la cuota alimentaria no solo representa una obligación legal, sino que también constituye un compromiso moral fundamental. En caso de incumplimiento, añadió, esta obligación adquiere carácter judicial.
Por último, la legisladora subrayó que “alimentar a un niño no se reduce únicamente a cubrir su nutrición diaria”, sino que también implica garantizar su acceso a derechos básicos como la educación, la atención médica y la recreación. En ese sentido, advirtió que el incumplimiento de este aporte económico por parte del progenitor impacta directamente en el desarrollo integral del menor.
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