La Universidad Católica Argentina (UCA) mide distintas dimensiones de pobreza y publica informes dando cuenta de la realidad estudiada sobre el país. En su último estudio estimó que en el año 2019 más de 3 millones de familias tuvieron que reducir su dieta o pasaron hambre. Según sostienen, un tercio de la población del país sufrió problemas de alimentación o acceso a la salud. Por otra parte, un 27% habita vivienda precarias o en condiciones de hacinamiento.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina busca realizar un relevamiento de las condiciones de vida de la población teniendo en cuenta seis aspectos distintos. De esta manera se llega a un análisis multidimensional sobre la pobreza diferenciándose del punto estrictamente monetario como suele medir el Indec. Esos aspectos son la Alimentación y Salud, Servicios Básicos, Vivienda Digna, Medio Ambiente, Accesos Educativos, y Empleo y Seguridad Social.
Con esos criterios, la UCA concluyó que en la Argentina hacia el tercer trimestre de 2019, casi el 70% de los habitantes -31 millones- sufrieron al menos una carencia entre esos déficits relevados. El 46,3% de la población tuvo al menos dos faltantes y un 28,5% sufrieron tres carencias.
Uno de los indicadores que más empeoró, según señaló la UCA, fue el de inseguridad alimentaria y acceso a la salud. Explicaron por un lado la reducción de comida por cuestiones económicas y por otro, la cobertura de salud y la falta de posibilidades para comprar medicamentos.
Según la UCA, el 32,2% de la población, poco más de 14 millones de personas, registró carencias en este aspecto. Medido en porcentaje de hogares, el 7,4% -850.000 familias- experimentó "inseguridad alimentaria severa". Casi el 19% de los hogares no pudo acceder a medicamentos, mientras que el 21,1% no pudo hacerse atender en centros médicos.
En cuanto a la vivienda digna, el 27,5% de la población relevada tiene alguna carencia en este sentido. En los últimos diez años, no obstante, hubo una tendencia de mejora en este aspecto: en 2010 era de 34,9% y tuvo un retroceso casi sin interrupciones.
En ese sentido, el 33,5% de la población tiene problemas para acceder a conexiones de servicios públicos como cloacas, agua corriente y energía eléctrica. En los últimos años hubo una mejora en ese aspecto. En 2016 el indicador afectaba al 40,2% de los habitantes.
El 28% de los hogares registró algún tipo de problema en términos de contaminación en el ambiente, que toma en consideración la presencia de basurales en las cercanías de la vivienda, fábricas contaminantes en los alrededores o lagos, arroyo o ríos contaminados.
El indicador que mide si los chicos entre 4 y 17 años van a la escuela y si la población entre 19 y 36 terminó los estudios medios en tiempo y forma, presenta un agravamiento en la situación. El 12,5% de la población presenta algún déficit en este aspecto.
La inasistencia de niños de entre 4 y 17 años a la escuela cayó considerablemente (de 8% del total a 4,1% en diez años), pero el rezago de los habitantes de entre 19 y 36 años (a la educación media) y de 37 en adelante (a la educación primaria), aumentó de 23,6% en 2010 a 27,3% en 2019 y de 9,3% a 9,7%, respectivamente.
Por último, la dimensión de acceso al empleo y a la seguridad social, determina si los integrantes de un hogar tienen algún tipo de afiliación al sistema de seguridad social, mostró un empeoramiento, de la mano de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo registrados de los últimos años. Así, en 2019 esa cifra se ubicó en el 33% mientras cuatro años antes era de 29,1%.
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