Sociedad argentina.. 

Según una medición la pobreza afecta al 55% de la Argentina

Consiste en un índice que diseña un organismo que depende de Presidencia y que incluye variables monetarias y estructurales para evaluar la pobreza en el país.

Una medición alternativa que lleva adelante el Gobierno nacional marca que el 54,9% de la población puede encontrarse en la pobreza si se tiene un criterio monetario y, a la vez, una mirada multidimensional, es decir, que considera variables estructurales como vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud. Siguiendo esta línea, son más de 25 millones de personas en todo el país que podrían ser consideradas pobres.

Esa medición es efectuada por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Nación y que hasta el año 2021 fue comandado por Victoria Tolosa Paz, quien abandonó ese puesto ese para ser la primera candidata a diputada. El organismo es conducido desde ese entonces por Paula Amaya.

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En base a lo explicado por el organismo, “con el propósito de arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”.

Siguiendo la metodología oficial, un hogar puede integrar el sector pobre de la población de forma multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.

En esa línea, las variables que considera esta medición alternativa para establecer la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”, en cuanto al primer ítem incluido.

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Por otro lado, el indicador analiza el nivel de “inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente” respecto a la educación; y por otra parte las “dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)”, sobre el empleo y la salud.

El Consejo de Políticas Sociales salió a aclarar que no consiste en una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que diseña el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), sino que se trata de un indicador complementario, que tiene como fin determinar otros motivos y alcances de la pobreza para que el Estado elabore respuestas de política pública distintas a las que solo tienen en cuenta la situación económica.

El último informe actualizado ofrece datos hasta la primera mitad del año 2021. “Para el primer semestre de 2021, un 44,6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que representa el 35,9% del total de hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares”, detalla la medición.

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De todas maneras, “como el presente índice no tiene en cuenta el aspecto monetario, se aplicó adicionalmente el método integrado, que permite cruzar la pobreza monetaria con la pobreza multidimensional”, prosiguió.

“Considerando este método, en el primer semestre de 2021 un 54,9% de la población (44,6% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza –monetaria o no monetaria– mientras que el 29,9% presenta ambas formas (22,2% de hogares)”, estimó. Eso implicaría más de 25 millones de personas.

Al ser una medición muy reciente, no hay a disposición una serie histórica para efectuar una comparación. Un estudio previo que tuvo lugar en el marco del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales brinda datos del primer semestre de 2020, es decir que brinda la posibilidad de efectuar una comparación interanual.

En ese informe anterior se había registrado un 49,6% de personas en condición de pobreza multidimensional en el pleno impacto de la pandemia. La disminución en un año fue de 5 puntos porcentuales.

Y al considerar el criterio que cuenta tanto la pobreza estructural como la monetaria, a mitad del año 2020 perjudicaba al 58,5% de la población -es decir, el 47,8% de los hogares- lo que indicaría una disminución de 3,6 puntos porcentuales. Respecto a la medición combinada, un 32,6% de los habitantes padecían los dos tipos de pobreza.

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“Existe un amplio consenso respecto de la necesidad de que los países dispongan de mediciones multidimensionales de pobreza, a fin de contar con información complementaria a la obtenida por mediciones basadas en ingresos monetarios”, consideró el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.

“Los nuevos marcos conceptuales sobre el desarrollo social y el bienestar van más allá de la noción de pobreza limitada a la insatisfacción de necesidades, la constatación de las limitaciones de los indicadores monetarios como aproximaciones al estándar de vida y la necesidad de una mayor alineación entre indicadores de pobreza y políticas tendientes a superarla”, señaló.

De acuerdo al documento, existen antecedentes en otros países de la región que llevan adelante mediciones parecidas. “Diversos países, particularmente en América Latina, optaron en el último tiempo por avanzar en la complementación del enfoque tradicional de pobreza por ingresos con el enfoque de pobreza multidimensional. Tanto Colombia como Ecuador, Costa Rica, Chile, El Salvador y Brasil toman a los hogares como unidad de análisis, mientras que México toma a las personas. Uruguay presenta dos ejercicios, en uno toma a las personas y en el otro a los hogares”, enumeraron.

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La última medición monetaria oficial que dió a conocer el Indec indicó que el 37,3% de la población -unas 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia. Según los datos del segundo semestre de 2021, de esta forma, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado.

Tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte, explicado por la recuperación económica superior al 10% en 2021 que fue acompañada por un rebote en los números de empleo. Igualmente, se trató de un alivio muy parcial, particularmente para las familias que viven de ingresos de empleos no registrados. Como referencia, los trabajadores informales perdieron por unos 12 puntos porcentuales contra la inflación.

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