El Ministerio Público Pupilar de Salta consiguió que se completara la vacunación obligatoria de una niña, luego de que sus padres se negaran a cumplir con el esquema de vacunación establecido por las autoridades sanitarias. La intervención resultó fundamental para garantizar el derecho a la salud de la niña, ante la resistencia de los progenitores a inmunizarla.
El caso se inició cuando la madre retiró a la bebé de la sala de Neonatología sin contar con el alta médica. La niña, nacida en septiembre, no había recibido la vacuna BCG ni la de Hepatitis B, ambas incluidas dentro del calendario obligatorio. A pesar de que el personal de salud explicó la importancia de la vacunación, la madre se negó a autorizarla, indicando que el padre también se oponía.
Frente a esta situación, la Asesora de Incapaces N.º 9, Martha Bustos, citó a la mujer para conversar sobre el tema, pero la madre no asistió ni justificó su ausencia. Ante ello, Bustos presentó un recurso de amparo solicitando que se ordenara la vacunación de la niña, en resguardo de su derecho constitucional a la salud.
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El resguardo legal de la bebé
El pedido se fundamentó en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el acceso a la salud como un derecho esencial, y en la Ley N.º 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas. También se remarcó que, cuando los padres no cumplen con sus obligaciones, el Estado debe intervenir para proteger los derechos de los menores.
El juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación, resolvió a favor de la Asesoría y ordenó que los padres permitieran completar la vacunación de la bebé. Además, estableció un plazo para que presentaran el carnet de vacunación ante el juzgado.
Vacunación cumplida
La semana pasada, la Asesoría confirmó que los padres habían accedido a realizar la vacunación y entregaron la documentación correspondiente. Con este fallo, se garantiza la protección del derecho a la salud de la niña, quien ya tiene su esquema obligatorio completo.
La asesora destacó que la Ley N.º 26.061 obliga al Estado a asegurar el acceso a los servicios de salud y subrayó que la vacunación constituye un derecho colectivo, esencial para proteger a toda la comunidad frente a enfermedades graves.