El 31,3% de la población urbana, es decir unas 12.700.000 de personas, son pobres ya que carecen de ingresos para comprar insumos básicos como alimentos y demás productos de una canasta básica. Los números, difundidos en un informe de la UCA, afirman que los pobres tienen entre una y tres carencias sobre 6 indicadores básicos, como alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos.
Los datos corresponden a la nueva medición de la pobreza por ingresos y multidimensional de 2010-2018 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En este trabajo toma en cuenta y combina con otras carencias básicas de los hogares y por eso se conoce como “pobreza multidimensional”. La medición califica como indigentes o pobres a los hogares y las personas que no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos o básica total.
El estudio de la Universidad que midió este tipo de indicadores sociales en el 2018 revela que es la cifra más alta desde 2010. Con relación al 2017 se agregaron 1.900.000 nuevos pobres. Los más afectados son las clases medias bajas, los trabajadores y los sectores más pobres, en un contexto de aumento de la desigualdad social.
El estudio no incluye la población rural, y según los especialistas a cargo del trabajo, estos números implican un agravamiento de la pobreza estructural y una ampliación de la brecha de desigualdad. El informe señala que la pobreza estructural aumentó del 16,6% al 18,6% de la población: son 7.500.000 pobres estructurales. Desde 2010 esa pobreza estructural tuvo un piso del 15% con saltos en 2014, 2016 y 2018.
La buena noticia es que hubo algunas mejoras en materia de infraestructura, vivienda y hábitat. Desde el 2010 hubo una evolución favorable a partir de la inversión pública en los servicios de agua de red y cloacas, aunque todavía el 10,3% de los hogares urbanos carece de agua corriente y el 29,1% no dispone de cloacas.
Donde se agravó es en alimentación y salud. En la falta de alimentos durante el 2018 subió del 5 al 6% de los hogares y se incrementó del 15 al 17,3% los hogares que no pudieron adquirir los medicamentos. También aumentaron las carencias y pérdida de derechos en empleo y seguridad social: pasó del 26,7 al 28,2% en el último año, por la pérdida de empleos y el incremento de la desocupación.
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