Julio Bavio, magistrado federal del Juzgado de Garantías N°1 de Salta, concedió la autorización para que dos acusados por trata laboral abonen la cantidad de $3.360.000 a un trabajador del campo. Este hecho se enmarca dentro de un acuerdo conciliatorio que prescindió de la prosecución de acciones penales.
El resarcimiento completo fue abonado el 14 de noviembre pasado, marcando el cierre de una colaboración conjunta entre el fiscal general Eduardo Villalba, la representación legal de los acusados, la Defensoría Pública de Víctimas dirigida por Nicolás Escandar, y diversas entidades estatales, incluyendo los ministerios de Trabajo a nivel nacional y provincial.
La validación del acuerdo conciliatorio se llevó a cabo el 9 de noviembre. Este pacto surgió a raíz de una pesquisa formalizada por la fiscalía el 17 de marzo pasado contra el dueño de una propiedad, destinada a la actividad de curtiembre, situada en Apolinario Saravia, localidad ubicada en el sur de la provincia, y su hijo.
El representante del Ministerio Público comunicó que el proceso se inició a raíz de una notificación recibida el 24 de febrero último a través del número sin costo 0800 999 3368, establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para denunciar situaciones de empleo informal, explotación infantil y servidumbre.
Consecuentemente y como producto de una revisión y registro efectuados pocos días después en la propiedad del inculpado, situada en Apolinario Saravia, se logró determinar que la persona afectada era un empleado dedicado a la curtiembre, contratado por el acusado el 25 de junio del año anterior.
El trabajador, sin un contrato formal, declaró que al empezar su labor, había pactado una compensación de 50 mil pesos al mes y que se le proporcionaría un lugar de residencia para él y su familia, conformada por su cónyuge y dos hijos menores de edad. El representante del Ministerio Público expuso durante la audiencia de formulación de cargos que “al llegar a la finca, sin embargo, se dio con un lugar abandonado, sin cocina ni baño, en condiciones muy precarias”.
Trata laboral: la víctima nunca cobró todo el sueldo
La persona afectada indicó que nunca recibió completamente la cantidad acordada como salario, ya que se le practicaban deducciones por la entrega de productos en un establecimiento comercial perteneciente al acusado.
Frente a esta situación, y con la colaboración de expertos de la AFIP, de los ministerios de Trabajo a nivel nacional y provincial, y de la licenciada Laura López Ahanduni, del Polo Integral de la Mujer (entidad provincial enfocada en el apoyo a víctimas de trata), la fiscalía realizó labores para recopilar evidencia y brindar apoyo al trabajador y a su familia.
Posteriormente, se llevó a cabo el registro de la propiedad con la cooperación de la División de Trata de la Policía de Salta, y “se constataron condiciones perversas incompatibles con la dignidad humana; el lugar no tenía ni siquiera las comodidades mínimas para la vida. Los niños tenían erupciones en la piel, propias de la situación de insalubridad en la que vivían”, indicó el fiscal.
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