En el marco de la Ley Nacional Nº 27372, a fin de otorgarle un rol activo a la víctima de delitos en todas las etapas del proceso, el Fiscal General de la Acusación emitió la Resolución MPA Nº 2027/2020.
Entre otras cosas, a través de dicha normativa se fortalece el derecho de las mismas a opinar y ser oídas en lo que respecta a planteos formulados por la defensa de los imputados donde se impulsa la atenuación de las medidas de coerción personal (por ej. cese de detención, cese de prisión preventiva y/o afectación al régimen de prisión domiciliaria).
Además los fiscales deberán contemplar la eventual celebración de acuerdos de juicio abreviado, suspensión de juicio a prueba y medidas vinculadas a la aplicación de criterios de oportunidad si como consecuencia de ello, correspondiere la libertad del imputado.
Otro ítem importante es escuchar la posición en cuanto a dictámenes del Fiscal de Ejecución vinculados a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, régimen preparatorio para su liberación.
De esta forma, se reforzó el paradigma de protección integral de los derechos e intereses de las víctimas.
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