Este lunes 7 de julio, la Cámara Federal de Casación Penal escuchará a las partes y deberá resolver si flexibiliza las restricciones de visitas a Cristina Fernandez de Kirchner, si mantiene la prisión domiciliaria o acepta el pedido fiscal de traslado a una cárcel común.
La audiencia, que se realizará a las 12 en los tribunales de Comodoro Py, será determinante para el futuro inmediato de la ex presidenta. Se debatirán los límites al régimen de visitas en su domicilio, el uso de tobillera electrónica y la modalidad de cumplimiento de la condena. La decisión impactará tanto en la vida personal de la ex mandataria como en el clima político nacional.
¿Qué se discute este lunes 7 de julio?
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia pública para analizar tres puntos centrales:
Régimen de visitas: La defensa de Cristina Fernández apeló la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, que restringió el acceso a su domicilio a una lista limitada de familiares, abogados y médicos. Cualquier otra visita requiere autorización judicial. La ex presidenta solicita ampliar el listado y flexibilizar las condiciones, argumentando que las restricciones afectan su derecho a la vida familiar y social.
Prisión domiciliaria vs. cárcel común: La Fiscalía insiste en que la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta debe cumplirse en una cárcel federal y no en el domicilio de la ex mandataria. La defensa, en cambio, pide mantener la modalidad domiciliaria, tal como dispuso el tribunal tras la confirmación de la condena por la Corte Suprema.
Tobillera electrónica: La defensa también impugnó la obligación de portar una tobillera electrónica para el monitoreo de la prisión domiciliaria, aunque este punto aún no fue elevado formalmente a Casación.
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Actores claves en esta audiencia
Expondrán los abogados de Cristina Fernández (Alberto Beraldi y Ary Llernovoy) y el fiscal general de Casación, Mario Villar. Villar presentará un escrito y defenderá la postura de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se oponen a la prisión domiciliaria.
Cabe destacar que la audiencia es pública y se espera una fuerte atención mediática y política. Más de 700 ciudadanos, junto a 44 diputados y 30 senadores, solicitaron autorización para visitar a la ex presidenta en su domicilio, lo que evidencia el alto impacto social del caso.
Cuáles son los plazos
Tras la audiencia, la Cámara tendrá cinco días hábiles para resolver sobre los recursos presentados. La decisión podría modificar el régimen de visitas, la modalidad de detención y las condiciones de cumplimiento de la condena.
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