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SUSCRIBITELa Cámara Federal ordenó profundizar la causa para esclarecer por qué el gobierno demoró tanto en la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner convocan a un nuevo acto.
TwitterLa Cámara Federal de Comodoro Py ordenó reactivar una causa judicial que busca esclarecer las razones detrás del retraso en la adquisición de vacunas Pfizer por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la pandemia de COVID-19.
La medida revoca la decisión del juez Ariel Lijo, quien había cerrado la investigación en diciembre del año pasado al considerar que no había elementos suficientes para seguir adelante.
El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, pone el foco en las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado argentino y el laboratorio estadounidense Pfizer. Según la Cámara, aún persisten dudas sobre cómo se desarrollaron esas tratativas, especialmente en comparación con la rapidez con la que se cerraron acuerdos con otros proveedores de vacunas.
Cabe destacar que con el fallo de la Cámara, la causa vuelve a tomar impulso y abre la puerta a nuevas medidas de prueba. La Justicia deberá analizar si hubo un manejo desigual en las negociaciones y si ese posible retraso tuvo un impacto concreto en la demora de la campaña de vacunación.
La reapertura de la investigación responde a dos denuncias presentadas en 2021: una impulsada por legisladores de la oposición y otra por familiares de víctimas del COVID-19. Ambas buscan determinar si hubo negligencia, demoras injustificadas o irregularidades en el proceso que impidieron que Argentina accediera más temprano a millones de dosis que sí llegaron a otros países de la región.
Durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, la falta de vacunas se convirtió en un eje de confrontación política. El Gobierno apostó inicialmente por la vacuna Sputnik V y por acuerdos con otros laboratorios, mientras que Pfizer quedaba fuera del esquema oficial. Las sospechas de condiciones contractuales conflictivas, falta de transparencia e incluso presuntos pedidos de sobornos alimentaron el debate público y motivaron la judicialización del tema.
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