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SUSCRIBITEA su vez, se alertó a Migraciones para impedir que la expresidente salga del país. El Tribunal Oral 2 trabaja en los legajos de quienes tendrían el beneficio.
El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que conforman el Tribunal Oral Federal número 2, tienen previsto resolver a mediados de la próxima semana si otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a la exmandataria Cristina Kirchner y a otros involucrados en el expediente conocido como “Vialidad”.
La sentencia dictada en dicho proceso fue confirmada este martes por la Corte Suprema de Justicia, que desestimó por completo los recursos presentados en su contra.
Mientras Cristina Fernández de Kirchner permanece en su residencia ubicada sobre la calle San José, en la Ciudad de Buenos Aires, su equipo legal presentó un pedido para “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, lo que implicaría que no se ejecute ninguna orden de detención hasta que se defina si se le otorga esa medida.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal N.º 2 planea respetar el plazo de cinco días hábiles establecido para tomar una decisión en torno al planteo. Ese margen de tiempo bastaría para asegurar que no se concrete una detención inmediata, como ya reclamaron en dos ocasiones los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El Tribunal Oral Federal 2 estableció esta semana un plazo uniforme de cinco días para que la totalidad de los nueve condenados comparezcan ante la justicia, sin excepción alguna. Además de la ex presidenta, la lista incluye a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Esta medida responde a que varios de los sentenciados residen en diferentes provincias del país, algunos con domicilios desactualizados, y a que existen particularidades que requieren atención especial. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, por haber ejercido los cargos de presidenta y vicepresidenta, se deben respetar protocolos de seguridad específicos. Además, ella es víctima de un atentado, tema que está siendo analizado en el marco del juicio oral en curso.
En cuanto a los demás condenados, existen varios factores relevantes, como la avanzada edad de Periotti, que está cerca de los 80 años; la situación de Báez, quien hasta ayer cumplía arresto domiciliario y ahora ha sido arrestado; y las condiciones médicas que afectan tanto a Pavesi como a López.
Por esta razón, ya se han elaborado expedientes para evaluar el otorgamiento de arresto domiciliario a CFK, Periotti, Pavesi y López, y se remitieron a la fiscalía para que emita su dictamen en un plazo de tres días, aunque puede responder en un tiempo menor.
Estos procedimientos resultan imprescindibles debido a que el Tribunal Oral Federal 2 tiene la obligación de garantizar la ejecución de la sentencia, la cual fue inicialmente dictada en diciembre de 2002, luego ratificada en 2024 por la Cámara de Casación Penal y, finalmente, confirmada el pasado martes por la Corte Suprema.
El caso en cuestión se centra en la investigación de la adjudicación de 51 contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 2 requirió al Ministerio de Seguridad un reporte sobre los posibles lugares adecuados para alojar a los condenados, teniendo en cuenta sus particularidades personales; dicho informe fue recibido ayer por la tarde.
Entre las disposiciones tomadas, se instruyó la elaboración de un detallado estudio socioambiental tanto de Cristina Fernández de Kirchner como del domicilio ubicado en San José 1111, en esta ciudad.
Además, se notificó a la Cámara Electoral sobre la imposición de una condena que implica la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, lo que significa que Cristina Kirchner queda impedida de presentarse nuevamente a cualquier función electoral.
Asimismo, se notificó a la Dirección de Migraciones acerca del estado legal de los sentenciados. Esta acción tiene como finalidad evitar que cualquiera de ellos pueda abandonar el territorio nacional, especialmente con destino a países que no cuentan con acuerdos de extradición, donde podrían permanecer a la espera de posibles modificaciones políticas o, en el caso particular de la ex presidenta, buscar beneficiarse de un eventual indulto.
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