El Gobierno nacional notificó a varios gremios con telegramas sobre la conciliación obligatoria para evitar paros en ciertos sectores.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los aceiteros.
Desde que comenzó la disputa entre el sector industrial y los operarios del sector que integran los aceiteros debido a desacuerdos en las negociaciones salariales, el Ministerio de Trabajo emitió el lunes una conciliación obligatoria. Esta medida entró en vigor a las 10:30 y tendrá una duración de 15 días. La solicitud fue realizada por la federación de cámaras empresariales.
“En el día de la fecha, la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó hoy la Conciliación Obligatoria en el conflicto de la industria aceitera que mantiene paralizada la actividad desde el día martes 6 de agosto”, dice el comunicado de la cartera laboral que conduce Julio Cordero.
A su vez, suma que “la Secretaría exhorta a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad involucrada”.
De acuerdo a lo indicado en un aviso reciente publicado por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), “la industria aceitera decidió solicitar la conciliación obligatoria frente a la imposibilidad de lograr recuperar el diálogo con los líderes sindicales y la negativa a permitir a los trabajadores ingresar en las plantas para retornar al normal desarrollo de las actividades”.
La "Conciliación Laboral Obligatoria", término oficial para esta medida, es una figura prevista en la Ley 24.635 para resolver disputas entre una compañía y sus empleados. En situaciones de este tipo, el Ministerio de Trabajo de la Nación está facultado para implementar esta acción, obligando a las partes a participar en negociaciones, con el Estado actuando como un tipo de intermediario. Esta intervención puede ser solicitada por cualquiera de las partes involucradas o iniciada por el Ministerio de forma independiente.
Sin embargo, la implementación de la conciliación obligatoria conlleva otras repercusiones. La normativa establece que, una vez que se alcanza esta fase de conciliación, las partes involucradas no podrán “adoptar medidas de acción directa”. En otras palabras, se debe restaurar el estado previo al inicio del conflicto: los trabajadores deben abstenerse de realizar huelgas o cualquier otro tipo de medida de presión, y las empresas pueden revertir decisiones como despidos o suspensiones que hayan originado la disputa, al menos durante el periodo de conciliación.
Si se alcanza un consenso entre las partes, este debe ser ratificado en esta etapa. Si no se logra un acuerdo, se habilita la opción de recurrir a la Justicia Nacional de Trabajo mediante un proceso judicial.
Sí, una vez que las partes reciben la notificación, tienen la obligación de adherirse a la conciliación obligatoria. Deben abstenerse de llevar a cabo las acciones que provocaron el conflicto y participar en las negociaciones. La normativa establece sanciones económicas para quienes no cumplan con la conciliación.
A finales de 2017, el Sindicato de Camioneros bajo la dirección de Hugo Moyano solicitó un bono navideño para sus miembros y se declaró en "estado de asamblea". El Ministerio de Trabajo impuso una conciliación obligatoria, que fue ignorada por el sindicato. Como resultado, se impuso una sanción económica superior a $ 800 millones al sindicato, lo que se traduce en $ 4.430 por cada uno de los 182.797 afiliados.
La conciliación obligatoria se utiliza en disputas entre sectores específicos, donde el Ministerio de Trabajo sirve como intermediario entre los sindicatos y las empresas. Por lo tanto, no se aplica a una huelga general convocada por una central sindical contra un gobierno. No obstante, la resolución actual “no se trata de un paro general” dado que “la CGT no ha adherido de forma orgánica al mismo”, por eso “se trata de algunos gremios que han decidido parar”, apuntó a Télam el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para justificar el uso de la conciliación obligatoria.
De acuerdo con la información proporcionada por la agencia de noticias gubernamental, se impuso la conciliación obligatoria a un total de 9 sindicatos antes de la huelga. El diario Ámbito Financiero reportó que varios sindicatos cerraron sus oficinas anticipadamente el día antes de la huelga para evitar recibir los telegramas de notificación sobre la conciliación obligatoria.
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