Las deliberaciones tuvieron lugar en Luján, Provincia de Buenos Aires, con la activa participación de diputados y senadores del centenario partido, acompañados por funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación. Por Jujuy, estuvieron presentes las diputadas nacionales Gabriela Burgos, Gabriela Albornoz y Alejandra Martínez; Alejandro Nieva, auditor general de la Nación, Raúl Eduardo Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy; y el histórico dirigente Próspero Nieva.
El documento manifiesta que "el pueblo jujeño dio un mandato contundente en las urnas: la recuperación del Estado sin poderes paralelos, sin prepotencia, sin utilización de la fuerza, la intimidación y el dinero. Sin manejos turbios del dinero de todos".
Advierte que el mandato "también es liberar a los sectores más necesitados, cuya carencia ha venido siendo utilizado para confiscar su voluntad" y añade que el radicalismo "siempre defendió el principio de igualdad. Un hombre = un voto es una bandera histórica que, precisamente, libera a los sectores populares de tutelas y manipulación".
Prosigue indicando, que "la persecución de Tupac a otras organizaciones sociales terminó incluyendo a sus propios miembros" y afirma que la declamada reparación social "enriqueció a sus líderes y persiguió a quien se atreviera a disentir o debatir".
En otro de sus párrafos, la declaración resalta que Milagro Sala "desafió la soberanía popular, en un asedio a las autoridades legales y legítimas elegidas por una aplastante mayoría", incurriendo en un "intento destituyente".
En esta línea argumental, sostiene que "liberados los Estados provincial y nacional de garantizarle impunidad, la justicia pudo hacer su trabajo" y enfatiza que "el miedo desaparece y el Estado de derecho ilumina otra vez la provincia, sin espacio para el delito".
A continuación, consigna que "acusada Milagro Sala de numerosos delitos, sus acciones llevan a la justicia a detenerla" y asegura que "no es una excluida ni una perseguida", entendiendo que en todo caso "es una dirigente violenta, detenida por malversación de fondos y por ser jefa de una asociación ilícita".
El texto amplía estos fundamentos, subrayando que antes el Estado nacional y el Estado provincial "estimulaban y apoyaban el método mafioso", en cambio las nuevas autoridades provinciales "aseguran la independencia judicial y, con ello, que los jueces actúen con neutralidad".
Tras aseverar que Sala "no es una luchadora social, sino una opresora de los más necesitados", recuerda que "expulsó familias enteras de sus viviendas por el sólo hecho de no acatar su tiranía" y que "lo mismo que hacían los peores patrones de un siglo atrás, cuando los trabajadores rebeldes eran expulsados de su empleo y sus hogares".
"Milagro Sala, por fin, es el símbolo de lo que los radicales venimos combatiendo desde siempre: el patoterismo, la manipulación de los pobres, el enriquecimiento ilícito, la persecución a los periodistas, la intolerancia, la destrucción del Estado y la ley", manifiesta.
En otro orden, el documento recalca que la Unión Cívica Radical, a través de su Comité Nacional, la Convención Nacional y los bloques legislativos de Diputados y Senadores Nacionales, "apoya el camino tomado por el Gobierno de Jujuy y el accionar de una justicia independiente que muestra el camino de restauración del Estado".
"La administración que dirige Gerardo Morales está defendiendo con valentía los valores permanentes del radicalismo. Su propuesta muestra el camino para el desarrollo de políticas sociales destinadas a incluir a los sectores vulnerables en el acceso a sus derechos sociales, económicos y políticos", puntualiza finalmente.
Sobre el particular, el intendente Jorge elogió abiertamente el "apoyo vigoroso" del que fue objeto el gobierno de Gerardo Morales "en la compleja tarea de reconstruir institucionalidad en Jujuy" y resaltó que esta es una decisión "claramente reconocida por el partido radical en todos sus estamentos".
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