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SUSCRIBITEGuillermo Francos será el anfitrión en la Casa Rosada del cuerpo conformado por referentes del Poder Legislativo, dirigentes sindicales y empresarios.
El Gobierno hará la primera reunión del Consejo de Mayo para tratar la reforma laboral.
El Ejecutivo decidió finalmente poner en marcha la primera reunión del postergado Consejo de Mayo, que tendrá lugar el próximo martes en la Casa Rosada, con eje central en el debate sobre una eventual reforma en el ámbito laboral.
Según informaron a Infobae personas cercanas a los integrantes del consejo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el encargado de recibirlos en el Salón de los Escudos a partir de las 9 de la mañana.
Fue el propio funcionario quien encabezó las gestiones, con la intención —tal como había adelantado este medio— de reactivar las conversaciones con el espacio multisectorial para avanzar con los temas que el oficialismo busca instalar en la agenda legislativa.
"La idea es comenzar a tratar todos los temas que están pendientes, pero también determinar cómo va a trabajar el grupo y ponernos en contacto. Es el primer encuentro y es un hecho sin antecedentes, así que se dará el puntapié inicial", expresó un vocero gubernamental.
En paralelo, el Congreso analiza propuestas presentadas por sectores opositores, como una suba en los haberes jubilatorios, iniciativa que el gobierno de Javier Milei considera incompatible con sus metas de equilibrio fiscal.
Con la intención de contrarrestar estas iniciativas, el Ejecutivo busca introducir proyectos propios, comenzando por una actualización del régimen laboral. Esta intención fue lo que motivó la convocatoria al Consejo, constituido tras la firma del Pacto de Mayo.
En los últimos días, un reducido grupo de mandatarios provinciales —que actuaron en representación de las 24 provincias— se reunió con Francos en la Casa Rosada para expresarle su preocupación por la merma en la recaudación y exigir medidas que compensen esa baja.
Los gobernadores tenían agendado reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para continuar examinando los números vinculados a la recaudación y profundizar el debate sobre los planteos que ya elevaron al jefe de Gabinete.
Entre los reclamos centrales, se encuentra la propuesta de distribuir entre las provincias el remanente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y realizar ajustes en el impuesto a los combustibles líquidos, cuya asignación específica no está siendo ejecutada por el Gobierno nacional.
En la reunión participarán también figuras clave de distintos sectores: Federico Sturzenegger, como representante del Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, en nombre de las jurisdicciones provinciales; la senadora radical Carolina Losada y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por el ámbito legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación del sindicalismo, y Martín Rappallini, titular de la UIA, como vocero del empresariado.
La función de este equipo es transformar en iniciativas legislativas los diez principios que el presidente Javier Milei pactó con varios gobernadores provinciales en el acuerdo conocido como Pacto de Mayo, suscripto el 9 de julio en la emblemática Casa Histórica de Tucumán.
Hubo cinco mandatarios que decidieron no sumarse al entendimiento: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El documento consensuado fija como objetivo delinear políticas nacionales duraderas que garanticen la intangibilidad del derecho a la propiedad privada; impongan una disciplina fiscal estricta; reduzcan el gasto del Estado a niveles previos a su expansión —alrededor del 25% del PBI—; promuevan una educación básica completa, de calidad y sin deserción; y avancen hacia una reforma impositiva orientada a aliviar la carga tributaria, facilitar la actividad económica y fomentar el comercio.
También incluye la necesidad de revisar el esquema de reparto de impuestos nacionales, con el objetivo de superar el modelo actual, al que varias provincias señalan como coercitivo o injusto.
Se suma el acuerdo de los gobiernos provinciales para impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales, una modernización del régimen laboral que incentive la formalización del empleo, una transformación del sistema previsional que garantice su sustentabilidad y respete los derechos de quienes contribuyeron, y finalmente, una apertura al comercio exterior que permita que Argentina recupere su lugar en la economía global.
Por otro lado, los mandatarios provinciales cuentan con un relevamiento que estima que los giros por coparticipación nacional caerán un 4,2% en comparación con 2024.
Desde las jurisdicciones subnacionales también hay cuestionamientos hacia algunas decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo, entre ellas, las modificaciones en los tributos internos aplicados a productos electrónicos importados como celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, así como los cambios en el cálculo de anticipos del impuesto a las ganancias para empresas.
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