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SUSCRIBITELa Agencia Nacional de Discapacidad revisará las asignaciones por incapacidad. Esto podría impactar en miles de personas que no cumplen con todo lo requerido.
Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales.
El Ejecutivo Nacional ha optado por implementar una minuciosa revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que llevará a la eliminación de aproximadamente entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida surge tras identificar anomalías en la asignación de las pensiones, buscando garantizar que únicamente aquellos que realmente lo requieran continúen recibiéndolo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha comenzado una revisión exhaustiva de unos 400.000 receptores de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En una primera fase, estas revisiones se enfocaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para posteriormente expandirse a la provincia de Buenos Aires y otras zonas del territorio nacional.
De acuerdo con las proyecciones de la ANDIS, entre un 30% y un 40% de las auditorías realizadas podrían llevar a la cancelación de los pagos proporcionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En consecuencia, entre 120.000 y 160.000 individuos podrían dejar de recibir este beneficio, el cual equivale al 70% del monto de la pensión mínima en Argentina.
Las resoluciones de suspensión se fundamentan en la detección de anomalías en la asignación de estas pensiones durante administraciones anteriores. Una revisión preliminar de 2.559 casos mostró que únicamente el 7% cumplía con los criterios legales para acceder al beneficio, lo que impulsó una intensificación en las auditorías.
Entre las irregularidades encontradas se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de la misma radiografía en varios expedientes, y situaciones en las que se otorgaron pensiones a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral.
Asimismo, se detectaron discrepancias importantes en aproximadamente el 35% de las pensiones concedidas. Estas discrepancias están relacionadas principalmente con la tenencia de bienes no informados, empleo en el sector formal y condiciones médicas que no respaldan la invalidez laboral.
Los individuos que sufrirán el mayor impacto de esta medida son aquellos que actualmente perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin satisfacer los requisitos establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está dirigida a quienes, debido a problemas de salud o circunstancias de vulnerabilidad social, se encuentran incapacitados para trabajar y no cuentan con otras fuentes de ingresos.
Es fundamental señalar que estos subsidios no pueden coexistir con otros beneficios estatales, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Los principales afectados son aquellos cuyos problemas de salud no respaldan la pensión, quienes poseen activos significativos (como automóviles, inmuebles, o incluso aeronaves y embarcaciones) o quienes tienen empleo formal.
Además, se están revisando los casos en los que la documentación presentada para validar la discapacidad resulta sospechosa o fraudulentamente manipulada, como ocurre con las radiografías de animales utilizadas para obtener estos subsidios.
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
El valor de esta pensión representa el 70% del monto de la jubilación mínima. En agosto de 2024, esta cantidad era de $157.878, y se espera que ascienda a $164.240 en septiembre, luego de un ajuste del 4,03% en las jubilaciones.
El proceso de revisión, que ha comenzado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, se ampliará a otras áreas del país en los próximos meses. Simultáneamente, se han iniciado procedimientos legales para investigar y castigar a los culpables de las irregularidades encontradas.
La Agencia Nacional de Discapacidad, en colaboración con el Ministerio de Salud y el sistema judicial, no solo pretende limpiar el sistema de pensiones, sino también asegurar que quienes manejaron incorrectamente estos recursos sean responsables.
El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha subrayado que las revisiones no tienen la intención de afectar a quienes realmente necesitan el apoyo, sino de eliminar los casos en los que la pensión fue concedida de manera fraudulentamente. Según Spagnuolo, la meta es recuperar la transparencia en el sistema y garantizar que los fondos públicos se dirijan a quienes realmente los necesitan.
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