Reformismo vs Proteccionismo: el debate sobre la Ley
El Ejecutivo argumenta que el proyecto de modificación de la ley de glaciares es fundamental para las inversiones mineras que planea que atraiga el RIGI y que lleguen a la Argentina y para que eso suceda señala que es necesario modificar la protección actual de los glaciares.
El eje del proyecto es que que cambia el criterio de protección de los glaciares desde un enfoque científico y uniforme a uno determinado políticamente por cada provincia, lo que implica una mayor discrecionalidad local y una menor tutela ambiental a nivel nacional.
También elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera. Otro argumento clave es que permite la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.
Entre las críticas provenientes de organizaciones ambientales y científicas advierten que el proyecto es inconstitucional por debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional, y que “pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país”. Señalan también que la iniciativa responde a presiones de provincias con intereses mineros y que la reforma podría provocar la destrucción de reservas estratégicas de agua dulce.