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SUSCRIBITEEl presidente confirmó recortes para lograr superávit en 2026, aunque los expertos advierten que dependerá más de la gestión que de los ajustes formales.
Javier Milei prometió recortar partidas del Presupuesto 2026.
Tras varias idas y vueltas, el presidente Javier Milei confirmó que, si finalmente se aprueba el Presupuesto 2026, no aplicará el veto, aunque adelantó que realizará los ajustes necesarios para garantizar que las cuentas públicas se mantengan equilibradas el próximo año.
Según los economistas, el margen para recortar gastos del Sector Público Nacional (SPN) es limitado, y cualquier reducción dependerá más de la gestión administrativa que de los recortes formales. El intento fallido del oficialismo en la Cámara de Diputados, al incluir en el capítulo 11 la supresión de la ley de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, complicó aún más el panorama.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el impacto fiscal de estas medidas sería de 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, y entre 0,22% y 0,42% del PIB para 2026.
Desde las primeras horas del 18 de diciembre, en la Casa Rosada circuló la posibilidad de que el Gobierno decidiera vetar su propio presupuesto. Sin embargo, la medida no se concretó, en parte porque el equipo económico busca enviar un mensaje al mercado sobre su capacidad de construir consensos en el Congreso, y también por los artículos estratégicos que permiten el canje de deuda sin respetar los lineamientos de la Ley de Administración Financiera (Ley Guzmán).
Todas las dudas se aclararon el domingo por la noche, cuando en una entrevista televisiva el presidente Milei sostuvo: “Nosotros tenemos presupuesto, lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero”. En el Presupuesto 2026, el oficialismo proyectó un superávit primario del 1,5% del PIB, aunque había asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el objetivo del 2,2% del PIB.
“Sin subir impuestos, no es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal. Hay un límite moral de lo que se puede hacer”, comentó Milei en un intercambio con LN+. Estas declaraciones despertaron dudas entre los especialistas sobre qué partidas serían recortadas por el equipo económico el año próximo para cumplir con la meta fiscal.
“No veo mucho espacio, es un desafío significativo encontrar dónde puede haber margen para una reducción compensatoria”, sostuvo Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Asimismo, destacó que el Presupuesto 2026 se proyecta con un resultado equilibrado, prácticamente neutro, aunque existen partidas que podrían estar subestimadas, como las previsionales.
“La mitad del gasto tiene que ver con gasto previsional y eso tiene una lógica de ajuste automático que está atado a la inflación. Estamos ante una estructura de gasto muy rígida”, explicó.
Rangugni agregó que, más allá del debate sobre la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, el proyecto de Presupuesto ya partió de una subestimación del gasto previsional, debido a que estaba calculado con base en una inflación proyectada para la segunda mitad de 2025 que finalmente resultó más alta de lo esperado.
“El gasto previsional al cierre de este año ya está por arriba del previsto en 2026. Incluso en ese caso hay 5 o 6 puntos subestimados en el gasto”, subrayó.
Por esta razón, según Rangugni, será necesario recortar en otros rubros. Los subsidios económicos ya disminuyeron considerablemente durante 2025 y, aunque las transferencias a provincias aumentaron levemente este año, lo hicieron sobre una base muy reducida tras la fuerte caída de 2024, por lo que el margen de maniobra es limitado y no representa un volumen significativo de recursos.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) detalló cuáles serían los rubros del gasto público que podrían ajustarse en 2026 para lograr un equilibrio en el Sector Público Nacional (SPN), tras el rechazo del capítulo 11 del presupuesto en la Cámara de Diputados. El estudio divide los gastos en dos categorías: inflexibles, que con la no derogación de la ley de financiamiento universitario y de discapacidad pasarían del 9,32% al 9,82% del PBI, y flexibles.
“El gasto clasificado como Gasto primario flexible debería reducirse desde el 5% del PBI al 4,5% del PBI. La masa salarial sería el rubro que más contribuiría”, indicó el informe. En segundo lugar se ubicarían los programas sociales y los subsidios a la energía, con 0,07 puntos porcentuales cada uno, seguidos por los gastos en bienes y servicios, que aportarían 0,06 puntos porcentuales del PBI.
“Había un intento de reducir las transferencias al sector privado, vinculado a las asignaciones familiares, cuando se incorporó el artículo en el proyecto de ley”, explicó el vicepresidente de ASAP, señalando una de las posibles medidas.
“Es una decisión política más que económica, está claro que no va a subir impuestos”, señaló un economista que pidió mantener el anonimato. A pesar de que el presidente y varios funcionarios sostienen públicamente que este gobierno ha reducido la carga impositiva, en la práctica, a través de maniobras de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), buscan sostener la caja fiscal, limitando la actualización de quebrantos o elevando las multas automáticas.
Algunos analistas adoptan un enfoque más optimista sobre la posibilidad de reducir ciertos rubros del gasto. “El gasto depende mucho más de la gestión que de la ley. Se detectó que había personas fallecidas que recibían una pensión por discapacidad”, señalaron.
La verificación de las pensiones por discapacidad estaba dentro de las responsabilidades del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien actualmente se encuentra involucrado en un proceso judicial por presunto direccionamiento en la adquisición de medicamentos.
Cada vez que se menciona la posibilidad de recortar partidas, se hace referencia a que el Gobierno concentre su atención en los gastos tributarios. En 2025 alcanzaron aproximadamente el 3,54% del PIB, según cifras del Ministerio de Economía. De ese total, el 3,10% del PIB corresponde a disposiciones impositivas generales, mientras que el 0,43% restante se relaciona con regímenes de incentivo económico.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, aseguró que la próxima reforma tributaria pondrá especial énfasis en estos gastos. “Es necesario analizar los regímenes promocionales, porque cada uno de ellos genera un gasto fiscal”, explicó la funcionaria.
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