La Justicia, a través de la jueza María Servini declaró en rebeldía a Fabián Rodríguez Simón, ex asesor de Mauricio Macri y ordenó su captura internacional. El abogado había anunciado que solicitó asilo en Uruguay para no presentarse a la indagatoria prevista para el próximo 17 de julio, en la causa en la que se investigan las presiones a los dueños del Grupo Indalo.
La magistrada ordenó la inhibición general de bienes del integrante del Parlasur por Juntos por el Cambio y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Rodríguez Simón informó en un principio que regresaría al país el 15 de mayo para presentarse en la indagatoria el 26 pero esa fecha fue postergada para el 17 de junio porque Servini estaba internada por coronavirus.
La jueza aseguró que “su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina 'persecución política´”.
Servini le había impuesto a Rodríguez Simón una prohibición de salir del país, a pedido de la querella de Fabián de Sousa, pero ya estaba en Uruguay y el abogado advirtió que no tenía forma de volver. La prohibición en cuestión está apelada en la Cámara Federal de la Justicia, pero mientras tanto rige y Rodríguez Simón estaría en infracción.
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón fue director de YPF durante el gobierno de Mauricio Macri. Además fue diputado del Parlasur y asesor jurídico del ex presidente. Se lo acusa de haber sido el estratega del armado de causas judiciales contra opositores políticos.
En una carta, Rodríguez Simón declaró que tiene temor de regresar a Argentina ya que “sería "privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal en el marco de causas judiciales amañadas”. Además dijo que su petición a Uruguay “tiene un efecto de protección pero es un castigo. Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires, más allá de la hospitalidad de los uruguayos y estoy acá condenado por las irregularidades y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina”.
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