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SUSCRIBITE Peronistas y bloques dialoguistas buscan ajustar los artículos que establecen gastos mínimos en universidades, defensa y educación superior.
El Senado se prepara para tratar el Presupuesto 2026.
El Senado se alista para una jornada decisiva este viernes, en la que el oficialismo busca aprobar dos iniciativas centrales para la gestión libertaria: el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de “inocencia fiscal”. La atención se centra principalmente en la primera, donde al menos dos de sus artículos enfrentan objeciones dentro de los bloques proclives al diálogo.
Desde la oposición, se anticipa un rechazo al artículo 30, que plantea eliminar los montos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico-Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Actualmente, la normativa vigente obliga a asignar el 6% del PBI al sistema educativo, un 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, un 0,2% a la educación técnica y un 0,8% del presupuesto para la modernización y equipamiento de las fuerzas armadas. Si el proyecto obtiene aprobación, estos porcentajes dejarían de ser de cumplimiento obligatorio.
El texto establece que la administración de Javier Milei busca derogar el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que regula el financiamiento de ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565, que dispone los recursos del Fondef.
Este tema concentra la oposición más firme por parte de los bloques dialoguistas y podría definir el resultado de la sesión. La bancada oficialista se enfrenta a una votación reñida sobre el artículo 30, dado que sectores del peronismo y algunas representaciones provinciales ya anticiparon su negativa. La presencia o ausencia de senadores será clave en ese momento.
Desde el oficialismo reconocen que la eventual desaprobación del artículo 30 podría comprometer la aprobación completa del Presupuesto, por lo que no descartan introducir ajustes o negociar cambios durante la sesión.
El artículo 12, que vincula el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de ciertas obligaciones de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, también genera preocupación entre posibles aliados del oficialismo.
El fragmento en cuestión establece que: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
Un integrante de la oposición comentó a este medio: “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado”. En la práctica, esto implica una limitación a la autonomía universitaria, dado que la asignación de recursos dependerá finalmente del visto bueno del Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo sufrió un revés significativo con los bloques opositores en la Cámara de Diputados. La versión del Presupuesto remitida al Senado ya no incluye el capítulo XI, que planteaba la derogación de leyes como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, entre otros temas. No obstante, desde el oficialismo advierten que el proyecto podría regresar a Diputados si se introducen modificaciones de último momento.
En cuanto al resto del Presupuesto, que proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual de 10,1% y un tipo de cambio estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026, el Gobierno no anticipa mayores obstáculos para su aprobación.
El peronismo se presentará dividido en la sesión: los senadores ligados a gobernadores con vocación de diálogo muestran disposición a respaldar el Presupuesto, mientras que el sector cercano a la expresidenta Cristina Kirchner mantiene su rechazo a cualquier ajuste en áreas como educación, ciencia y políticas sociales.
El interbloque Convicción Federal, compuesto por cinco legisladores dentro del bloque “Popular”, tiene a cuatro miembros inclinados a votar a favor del proyecto en general. En cambio, el representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no definió su posición, dado que el gobernador Ricardo Quintela se opone a la iniciativa.
Para el Ejecutivo, el desenlace de la votación representará una oportunidad de mostrar respaldo político a su estrategia económica, mientras que para los bloques opositores se trata de un momento para imponer límites y marcar posición.
El escenario más complicado para el oficialismo surgiría si el proyecto tuviera que regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión, quedando apenas dos días hábiles antes de la conclusión del año.
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