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SUSCRIBITELa objeción a la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema fue presentada por agrupaciones civiles y abogados relacionados con Mauricio Macri.
El rechazo a la designación de Ariel había sido interpuesta por organizaciones civiles y abogados vinculadas a Mauricio Macri.
El presidente Javier Milei sigue adelante con su proyecto de incorporar a Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia, pese a la considerable oposición que genera el polémico juez de Comodoro Py, conocido por "dormir" la mitad de los casos que llegaron a su tribunal y que afectan a diversos grupos de poder.
Lo llevó a cabo a través del Decreto 785/2024, divulgado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
"Desestímase, por resultar inadmisible, la petición incoada contra la solicitud de Acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursada al H. Senado de la Nación mediante el Mensaje N° 31 del 27 de mayo de 2024", determina el artículo 1 del decreto.
La oposición a la designación de Lijo fue presentada "en forma conjunta por las organizaciones Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Será Justicia; Acción Conjunta Republicana (ACR); Asociación Civil Usina de Justicia; Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos, y por los señores Alejandro E. Fargosi; Daniel Sabsay; Pablo A. Pirovano; Gerardo Enrique Vega; Alberto Fidel Cohan; Ezequiel Nino; Alejandro Drucaroff; Marcelo De Jesús y Marcelo A. Camerini".
La acción llevada a cabo por diversas agrupaciones civiles y abogados tenía como objetivo invalidar el proceso del pliego del juez propuesto por el gobierno.
En ese escrito, entregado al Poder Ejecutivo y a la Presidencia del Senado, señalaron presuntas anomalías en el proceso de la propuesta del juez promovido por el oficialismo para formar parte del máximo tribunal. Además, pidieron la retirada de su pliego.
En los argumentos del rechazo presidencial, el Gobierno afirmó que "no se configura ninguna de las causales que viabilizarían un recurso de revisión como el intentado, lo que conlleva de lleno a su inadmisibilidad formal".
Además, resaltó que "no existe un acto administrativo impugnable". Y en esta línea, concluyó: "la remisión del pliego al H. Senado de la Nación no constituye un acto de designación y, por tanto, no produce por sí mismo efectos jurídicos definitivos para ningún interesado".
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