Con la firma del nuevo pacto fiscal entre nuestra provincia y el Gobierno Nacional, se ingresa a una etapa en donde lo más previsible para el próximo año será la austeridad.
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Esta nueva distribución de los recursos trae como consecuencia el impacto político que tendrán las medidas que lleve adelante el Ejecutivo Provincial, que tuvo un discurso moderado ante lo que se vienen donde tendrá que manejarlo con mucha cautela para evitar derrapar. Al respecto, adelantó Gerardo Morales que no se registrarán despidos en la planta de personal, para llevar tranquilidad a los trabajadores.
Anticipándose a las cuestiones coyunturales que se avecinan, tanto el Gobernador como el Ministro de Hacienda afirmaron que no se va a otorgar el bono de fin de año para los trabajadores de la administración pública provincial, lo que pronostica conflictos que lleguen a plantear desde las organizaciones sindicales que ya estaban afinando los números para elevar la propuesta ante el Gobierno.
Se ingresa, entonces, en una etapa en donde nuevamente la posibilidad de conflicto esté presente en lo que resta de este año.
Ante esto, Gerardo Morales afirmó la imposibilidad de pagar este bono al señalar que de hacer efectivo el pedido, los sueldos se pagarían después del 20 de cada mes; pasando la pelota al sector gremial que ya venía pronunciándose tibiamente. Ahora se verá que sucederá en adelante, con una perspectiva más clara desde el oficialismo y el reclamo puertas adentro que reciben los gremios por parte de sus afiliados, que demandan una actitud más convincente de la que se observa en los últimos tiempos.
La aprobación de leyes como la del arrepentido y la modificación de la ley de ética pública, en donde los gremialistas deberán presentar declaraciones juradas, generó distintas posturas, incluso en gremios que representan a trabajadores del Estado Provincial.
En lo que respecta a la ley del arrepentido, se busca darle instrumentos a la justicia para avanzar sobre causas importantes que se tramitan en el ámbito judicial, cuestión que no estaba del todo definía e impedía que muchas personas que están involucradas en causas judiciales importantes, pudieran tener algunas garantías para poder declarar e informar sobre irregularidades observadas y que no tenían las garantías respectivas.
Con relación a la ley de ética pública, su aprobación disparó críticas de algunos dirigentes que tomaron posiciones dispares ante este nuevo contexto que se avecina. Muchos están de acuerdo; Otros señalaron que los sindicatos que agrupan a empleados públicos, ahora son entidades privadas. Una dicotomía difícil de entender.
Subiendo más la apuesta, señalaron que tienen que dar respuestas a los afiliados, no a la sociedad. Se entiende entonces, porque muchas veces los mismos gremialistas no tuvieron reparos en cortar calles y rutas perjudicando a la sociedad en su conjunto, olvidándose que los integrantes de la sociedad a la que ellos no brindan explicaciones es la que paga con sus impuestos la manutención del Estado Provincial, de donde salen los empleados que ellos afilian con posterioridad.
Un fin de año que anticipa reuniones y posturas que se agudizarán con el correr de los días y que tendrá a la masa de los sectores gremiales como protagonistas, pero no de una historia en donde siempre se vanagloriaban de los logros obtenidos. Ahora la situación es distinta y ellos lo saben.
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