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SUSCRIBITEEl gobierno de Rodrigo Paz Pereira afronta un fuerte bloqueo en La Paz impulsado por seguidores de Evo Morales, quien resiste una orden de detención.
Crisis y protestas en Bolivia.
El 8 de diciembre de 2025 marcó un punto de quiebre en la política de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira llegó a la presidencia y puso fin a dos décadas de predominio de Evo Morales y del Movimiento al Socialismo. Apenas cinco meses después, el nuevo gobierno de derecha enfrentó su primera gran protesta social.
El foco de las protestas se encuentra en El Alto, territorio considerado el principal bastión —e incluso refugio— político de Evo Morales. Desde allí se desató una serie de cortes y manifestaciones violentas que comenzaron a impactar en distintas regiones del país.
Son momentos de enorme conflictividad política y social en Bolivia. La Paz reúne actualmente 18 de los 22 cortes de ruta que permanecen activos en el país, a pesar de los despliegues conjuntos realizados por la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar corredores estratégicos.
Las manifestaciones complican puntos de acceso fundamentales hacia la capital y los caminos que conectan con Oruro, los Yungas y El Alto. Al mismo tiempo, aumenta la preocupación por posibles faltantes de combustible, alimentos y suministros médicos.
Las protestas están siendo impulsadas principalmente por sectores sindicales y organizaciones cercanas al exmandatario Evo Morales, quienes sostienen que existe persecución política a raíz de la orden de detención en su contra en una investigación por presunta trata de personas.
Evo Morales continúa resguardado en Cochabamba bajo la protección de sus seguidores y ha acusado al gobierno de buscar su arresto e incluso de atentar contra su vida.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira movilizó a más de 3.500 agentes de seguridad en diferentes regiones del país con el objetivo de liberar rutas bloqueadas y frenar el incremento de la violencia. En ese contexto se registraron choques, personas detenidas y acusaciones por presunto uso desmedido de la fuerza.
En paralelo, en medio de la situación de tensión, Estados Unidos difundió un comunicado en el que advirtió sobre supuestas “acciones destinadas a desestabilizar” al flamante gobierno boliviano, atribuidas a sectores vinculados a seguidores de Evo Morales.
Manifestó su apoyo institucional al gobierno de Rodrigo Paz Pereira y alertó acerca de la posibilidad de que la situación derive en una crisis humanitaria si persisten los cortes de rutas y los enfrentamientos en las calles. Donald Trump considera al nuevo mandatario boliviano como uno de sus aliados dentro del reordenamiento político que busca impulsar en el conjunto de América Latina.
Bolivia atraviesa uno de los escenarios políticos y sociales más críticos de los últimos años. A apenas cuatro meses de la asunción de un nuevo gobierno que puso fin a dos décadas de hegemonía socialista, la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una ola de protestas, bloqueos de caminos y una creciente escasez que impacta con fuerza en La Paz.
De acuerdo con el diario boliviano La Razón, 18 de los 22 cortes de ruta activos en el país se concentran en el departamento paceño, mientras las fuerzas de seguridad trabajan para despejar corredores clave y restablecer el flujo de alimentos y combustibles.
Las manifestaciones se iniciaron a partir de demandas relacionadas con la escasez de combustibles, el avance de la inflación y el empeoramiento de la situación económica, aunque con el correr de los días terminaron transformándose en exigencias de renuncia dirigidas al presidente, quien lleva apenas seis meses en el cargo.
Distintos sectores mineros, organizaciones campesinas, sindicatos y movimientos sociales sostienen que el deterioro económico se profundizó debido a la falta de divisas y al encarecimiento general del costo de vida.
Las consecuencias económicas ya se perciben en la vida cotidiana. En supermercados y ferias barriales se observan faltantes de productos esenciales, junto con incrementos marcados en los precios. El abastecimiento de carne, verduras y combustibles se ve interrumpido por los cortes de ruta, mientras las filas extensas en las estaciones de servicio se vuelven cada vez más frecuentes.
Incluso algunos servicios básicos empiezan a verse afectados: en La Paz, la recolección de residuos quedó parcialmente paralizada por la escasez de combustible y varias universidades decidieron suspender las clases presenciales.
El nivel de conflicto aumentó todavía más luego de los choques registrados entre manifestantes y efectivos de seguridad en varias zonas del país. En determinadas movilizaciones se informó el uso de explosivos por parte de sectores mineros, además de agresiones contra bienes públicos, entre ellos una de las líneas del sistema de teleférico de La Paz.
El gobierno de Estados Unidos expresó un respaldo firme hacia el presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien considera un nuevo socio estratégico en la región dentro de la agenda impulsada por Donald Trump. En ese marco, dejó en claro que no está dispuesto a permitir su caída en medio de la ofensiva política atribuida a Evo Morales, quien mantiene su resistencia desde El Alto, zona ubicada al norte de La Paz.
Por otra parte, Evo Morales enfrenta causas judiciales vinculadas a presuntas irregularidades durante su gestión presidencial, así como denuncias de extrema gravedad relacionadas con explotación infantil e incluso posibles abusos. A raíz de estos expedientes, el exmandatario del MAS ha logrado hasta ahora evitar su detención.
El Ejecutivo sostiene que existe un intento de generar inestabilidad promovido por espacios vinculados al exmandatario Evo Morales. El propio expresidente avaló de manera pública varias de las manifestaciones, mientras que sus adherentes anticiparon nuevas marchas con destino a La Paz.
En paralelo, la situación comenzó a generar reacciones en la región. El gobierno argentino encabezado por Javier Milei envió asistencia humanitaria y expresó su apoyo político al presidente Rodrigo Paz Pereira. A su vez, Estados Unidos manifestó su inquietud ante eventuales intentos de alterar el orden institucional en Bolivia.
Los cortes de rutas y las interrupciones del tránsito en Bolivia ya están teniendo un fuerte impacto en la vida diaria de millones de personas, sobre todo en La Paz y El Alto, donde se concentra la mayor intensidad de las protestas.
El principal inconveniente es la falta de abastecimiento. Los transportes que trasladan alimentos, combustibles y artículos de primera necesidad no consiguen ingresar a los centros urbanos. En ferias y supermercados ya se registran faltantes de carne, pollo, aceite, harina y verduras, mientras los precios suben prácticamente a diario debido a la escasez. En este contexto, numerosas familias deben hacer extensas filas para acceder a productos básicos o cargar combustible.
El sistema de transporte también sufrió consecuencias importantes. Diversas rutas nacionales permanecen bloqueadas, lo que dejó a miles de viajeros sin posibilidad de continuar su recorrido entre distintas ciudades. En La Paz y Cochabamba se redujo notablemente la circulación de colectivos y micros, ya que numerosos choferes no logran conseguir diésel ni gasolina. En ciertos sectores, los habitantes deben desplazarse a pie durante varias horas para poder llegar a sus lugares de trabajo o estudio.
El impacto también se extiende a los servicios esenciales. La escasez de combustible afectó de forma parcial la recolección de residuos y generó complicaciones en la distribución de gas envasado. A su vez, hospitales y centros sanitarios alertan sobre dificultades para recibir insumos, medicamentos y material médico. En paralelo, algunas instituciones educativas y universidades decidieron suspender las clases presenciales por motivos de seguridad o por problemas de movilidad.
La actividad informal, que constituye un pilar fundamental de la economía boliviana, también se encuentra fuertemente afectada. Vendedores callejeros, feriantes y pequeños emprendimientos ven reducidos sus ingresos diarios debido a la menor circulación de personas y de productos. En ciudades como El Alto, donde gran parte de la población depende del trabajo cotidiano para subsistir, esta situación genera una tensión social inmediata.
Al mismo tiempo, los bloqueos incrementan el escenario de incertidumbre general. Crece el temor a nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sobre todo tras episodios de violencia en los que algunos grupos mineros habrían utilizado dinamita. En distintos barrios comenzaron a registrarse compras preventivas y acopio de alimentos ante el miedo de un agravamiento del conflicto.
El Ejecutivo afirma que los bloqueos tienen como finalidad debilitar la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras que espacios vinculados al exmandatario Evo Morales sostienen que las movilizaciones responden al deterioro económico y al encarecimiento general de la vida.
En ese contexto, la ciudadanía atraviesa crecientes complicaciones en su rutina diaria, con obstáculos cada vez más marcados para trabajar, estudiar, trasladarse y acceder a bienes de primera necesidad.
En los últimos dos años, Estados Unidos ha logrado consolidar una posición más sólida en el escenario latinoamericano. Dentro de su red de aliados se incluyen Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador, José María Balcázar Zelada en Perú, Santiago Peña en Paraguay, además de sectores asociados al chavismo residual en Venezuela representados por Delcy Rodríguez y el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.
En conjunto, se trata de siete de los diez países mencionados en este esquema de alineamientos políticos. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, no existe intención de permitir que ese equilibrio de fuerzas se modifique en detrimento de su actual influencia regional en la región.
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