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SUSCRIBITELa causa por el mayor caso de corrupción reciente siguió tras la quinta audiencia, donde la defensa de De Vido intentó apartar al Tribunal Oral Federal N.º 7.
l juicio por los cuadernos: “asociación ilícita para enriquecerse”, la acusación de la fiscalía contra CFK.
La causa Cuadernos de las Coimas retoma hoy jueves su séptima jornada ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, después de que, el martes, la defensa de Julio De Vido, uno de los imputados más relevantes, presentara un intento de apartamiento contra los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli.
El tribunal decidió frenar la sesión para analizar el planteo: lo que debía ser un receso de “diez minutos” terminó transformándose en casi cinco horas de inactividad, con la transmisión oficial del Poder Judicial en YouTube mostrando solo una pantalla en negro.
Los defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro cuestionaron a los magistrados —los mismos que condenaron al ex ministro kirchnerista hace casi dos meses en el expediente por Gas Licuado— al acusarlos de posible falta de imparcialidad, tras la difusión de los fundamentos de aquella sentencia.
Los magistrados descartaron el planteo de inmediato; Rusconi denunció graves irregularidades, adelantó que llevará el reclamo a la Cámara Federal y que, además, solicitará la presencia de un observador del Colegio de Abogados de la Ciudad para monitorear el desarrollo del juicio.
Superado este conflicto, el proceso retomará su cronograma con la lectura del segundo requerimiento de elevación a juicio, elaborado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli, un texto que abarca 142 páginas.
Ese escrito aborda una causa complementaria a la investigación central surgida de los registros del chofer Oscar Centeno, y compromete a Roberto Baratta, a su asistente Nelson Lazarte y a los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Alberto Taselli por distintos pagos ilegales consignados por Centeno.
El comunicado previo del Tribunal adelantó que la jornada comenzaría con varias ausencias. Gerardo Luis Ferreyra —ex número dos y accionista de Electroingeniería S.A., además de integrante del Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., imputado en 22 hechos de pago de sobornos— permanece hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica.
Por su parte, Néstor Otero, otro de los empresarios involucrados, de 87 años, presentó un informe médico emitido ayer que indica un cuadro de gastroenteritis aguda acompañado de deshidratación. En consecuencia, ambos quedaron liberados de asistir a la audiencia.
Luego de las formalidades iniciales, el secretario Ernesto Javier Ruiz inició la exposición de los cargos correspondientes al expediente 96′9/2018/TO2, elaborado por el fiscal Carlos Stornelli. Según la acusación, entre 2003 y 2015 habría operado una organización criminal, diseñada y conducida por quienes ocupaban los puestos más altos del Poder Ejecutivo nacional.
El texto sostiene que Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Centeno y un grupo adicional de acusados habrían integrado esa estructura delictiva, la cual —según el Ministerio Público— se mantuvo activa durante todo ese período con el propósito de obtener beneficios económicos ilegítimos a partir de arreglos clandestinos y tratos irregulares con empresarios de diversos sectores.
El secretario continuó detallando que la maquinaria de recaudación ilícita operaba a través de dos vías paralelas, que funcionaban por separado pero se articulaban entre sí. Por un lado, estaban los propios funcionarios involucrados, encabezados por Roberto Baratta y su asistente Nelson Lazarte.
Por otro, actuaba el grupo conocido como “la Camarita”, integrado por Ernesto Clarens, Wagner y López. Según la imputación, ambos equipos formaban una única red organizada, encargada de trasladar el dinero hasta el departamento que la familia Kirchner tenía en Recoleta o hasta la Quinta de Olivos.
Después de la entrega, —añade el documento— se procedía a beneficiar a la compañía que pagaba el soborno, a partir de un retorno económico. Las sumas mencionadas en la acusación surgen de los cuadernos escritos por Oscar Centeno y de su testimonio como colaborador judicial, cifras que el fiscal Stornelli considera estimativas.
Según surge de las anotaciones de los cuadernos, el primer desembolso atribuido a la trama habría sido una entrega de 1,5 millones de dólares, supuestamente realizada por Hugo Dragonetti y posteriormente retirada por Baratta y Lazarte. Dragonetti, quien durante años fue titular de Panedile Argentina S.A. y se encuentra imputado por 22 hechos de cohecho, admitió ante la Justicia haber efectuado ese aporte.
En su declaración, incluso añadió un episodio que —dijo— no quedó registrado en las libretas: “Hay uno que no figura y que fue en el año 2010 en la cochera de la oficina”, afirmó. No obstante, discrepó con el monto consignado, asegurando que aquella vez se trató de 35 mil dólares, y no de la cifra mencionada en la acusación.
Para el fiscal Stornelli —y, en consecuencia, para la representante del Ministerio Público, Fabiana León— Dragonetti habría desembolsado dinero con el objetivo de asegurarse ventajas dentro del esquema investigado. De acuerdo con el expediente, Panedile figuró como la tercera compañía con mayor cantidad de adjudicaciones vinculadas al área energética durante esos años.
En cuanto a Jorge Alberto Tasselli, los registros muestran 23 visitas al Ministerio de Planificación. Además, el análisis forense de la MacBook Air de Walter Fagyas, expresidente de ENARSA y otro de los funcionarios imputados, permitió identificar múltiples gestiones y reclamos del empresario relacionados con distintas obras, documentados en una serie de comunicaciones internas.
Tasselli, actualmente con 79 años, encabeza Faraday SAICF y controla General Plastic Corp S.A.. La Justicia lo señala por haber efectuado seis pagos indebidos, entre ellos uno que habría tenido lugar el 31 de julio de 2013 durante un almuerzo en el Yacht Club de Puerto Madero.
Al declarar como colaborador, el empresario intentó relativizar las cifras mencionadas por Centeno y sostuvo: “Entregué en total no más de 1,7 millones de pesos aproximadamente”. El interés del público siguió siendo muy bajo durante la audiencia del jueves: a las 10.21, solo 193 personas seguían la transmisión en YouTube.
Por primera vez, la cantidad de defensores, imputados y empleados judiciales conectados al Zoom del debate superó al número de espectadores que miraban la sala virtual.
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