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SUSCRIBITEColabora como arrepentido, mientras el TOF 7 retoma la lectura de la elevación a juicio de los 86 acusados y sigue aplicando su plan para agilizar el proceso.
Ernesto Clarens declaró que llevaba dinero “a Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios”.
El proceso judicial por la causa Cuadernos volvió a ponerse en marcha en un contexto de presiones para acelerar los tiempos y tras varias semanas marcadas por discusiones internas sobre la velocidad del debate. Este martes, desde las 13, el Tribunal Oral Federal 7 retomó las audiencias adoptando una medida clave.
Puntualmente, se apunto a establecer dos sesiones semanales con el fin de agilizar un juicio que avanza lentamente desde su inicio.
Actualmente, el tribunal sigue con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, una etapa extensa que se prevé concluir el 2 de diciembre. La lentitud del trámite no sorprende, ya que son 86 los imputados —entre exfuncionarios, empresarios y colaboradores— y el expediente incluye 540 hechos de supuestos pagos ilícitos.
La envergadura del caso ha generado debates sobre la organización logística, la disponibilidad de personal y los espacios necesarios para mantener el ritmo del juicio.
Este martes, se dio lectura a las declaraciones de los empresarios arrepentidos, quienes señalaron a Cristina Kirchner como la cabecilla del esquema de recaudación ilegal. Los imputados que hoy colaboran con la Justicia también involucraron a Julio De Vido, describiéndolo como “el principal referente de los organizadores en términos orgánicos e inorgánicos, al haber sentado la base de la estructura delictiva desde el inicio hasta su final”.
Durante la reanudación de las audiencias de este martes, el secretario del tribunal prosiguió con la lectura de la declaración del presunto financista Ernesto Clarens, que había quedado pendiente.
En su testimonio, Clarens afirmó: “Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos. Les daban retornos desmesurados al entonces gobernador Kirchner. Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez, y éste —supongo— se lo daba a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante su presidencia”.
“Después de la muerte de Néstor, Cristina quiso salvar a Gotti, pero que se quería sacar a López del medio. El dinero de la firma salía de aeroparque, del sector militar, y el destino era El Calafate. Una vez entraron los bolsos por la cocina”, agregó.
A continuación, se dio lectura al testimonio de Víctor Gutiérrez, quien fue secretario de la Presidencia durante la gestión de Néstor Kirchner. Gutiérrez relató: “Nadie quería trabajar con Cristina. Le decíamos ‘la loca’, ‘la yegua’, a veces le pegaba en broma con el teléfono a Néstor”, refiriéndose a la relación que mantenían los exfuncionarios con la expresidenta.
Según la causa, “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
En cuanto a la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía sostuvo que esta queda reflejada en las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y en los testimonios de los arrepentidos Ernesto Clarens y Claudio Uberti, señalándola como la jefa de la estructura y la única con autoridad real para decidir sobre los pagos realizados por los empresarios.
El expediente involucra a figuras destacadas de la política y del sector empresarial. En el banquillo de los acusados se encuentran Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Por el lado de los empresarios, sobresalen Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a toda la investigación.
Previo a la reanudación de las audiencias, Enrique Pescarmona fue sobreseído luego de que el Cuerpo Médico Forense certificara que padece “una incapacidad mental sobreviniente” derivada de una enfermedad neurodegenerativa. Con ese episodio cerrado, la atención volvió a centrarse en la urgencia de agilizar el desarrollo del juicio.
Al mismo tiempo, persiste la tensión institucional. La Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura subrayaron la necesidad de acelerar el proceso, incrementar recursos y garantizar espacios adecuados para las audiencias presenciales. Por su parte, desde el TOF 7 respondieron con solicitudes formales, recordando que la organización del juicio es competencia exclusiva del tribunal y advirtiendo que cualquier intervención externa podría comprometer su independencia.
Las primeras audiencias estuvieron centradas en la lectura de testimonios de imputados colaboradores, entre ellos Claudio Uberti y Carlos Wagner. Uberti relató que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que esa información le llegaba por comentarios de terceros. Por su parte, Wagner expuso el supuesto sistema de recaudación ilícita y señaló que la obra pública se utilizaba como mecanismo para financiar gastos políticos.
La Causa Cuadernos se originó en 2018.
Asimismo, se sumó el testimonio de Oscar Centeno, quien describió el recorrido de entrega de bolsos con dinero y afirmó que, “en la época de Cristina Kirchner”, una parte de esos fondos llegaba a la Quinta de Olivos. La amplitud del expediente, que contempla más de 600 testigos, refleja la complejidad de esta fase inicial del juicio.
La exigencia de agilizar el juicio se fundamentó, en parte, en la intensidad de las audiencias ya celebradas. Incluso, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se manifestó públicamente instando a que el tribunal “trabaje durante el verano” si fuera necesario para cumplir los plazos establecidos.
Desde el TOF7 respondieron señalando diversas limitaciones operativas, como la escasez de personal, problemas en las infraestructuras y la dificultad de mantener un formato totalmente presencial, considerando la gran cantidad de testigos que aún deben declarar.
El TOF7 implementó un esquema de dos audiencias semanales como primer paso dentro de un plan más intensivo. A partir de este martes, las jornadas se desarrollarán los martes y jueves, manteniendo la opción virtual, mientras el tribunal subraya la importancia de contar con espacios adecuados para poder retomar la presencialidad. La Sala AMIA de Comodoro Py, sugerida por Casación, sigue en remodelación y recién estaría disponible a partir del 10 de diciembre.
Los jueces del tribunal señalaron que la modalidad virtual facilitó el inicio del proceso sin demoras, y que cualquier modificación en el formato requiere tiempo y recursos que aún no están asegurados. Esta postura derivó en la presentación de nuevos pedidos formales, ya enviados tanto a la Cámara como a la Corte Suprema.
Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner y José López, involucrados en la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: Télam)
En los próximos meses, el TOF7 deberá equilibrar la rapidez del cronograma con la preservación de su independencia. La reanudación del juicio este martes, durante la cual se continúa con la lectura de la elevación a juicio, será la primera prueba del nuevo esquema de audiencias.
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