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SUSCRIBITEManuel Adorni, portavoz del presidente, detalló los cargos presentados ante la justicia contra los responsables de los seguros en ANSES de 2019 a 2023.
Manuel Adorni brindó detalles sobre la denuncia que presentó el Gobierno por la póliza de seguros.
Hoy, Manuel Adorni, portavoz del presidente, proporcionó información detallada acerca de la queja presentada por el Gobierno contra los funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la administración de Alberto Fernández. Esta queja se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de pólizas de seguro.
Se trata de un tema que había sido previamente adelantado por colegas de Infobae el 29 de febrero. “El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES, por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos”, sostuvo el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.
La acción legal presentada de manera colaborativa por la ministra Sandra Pettovello, el recién nombrado líder del organismo, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, quienes representan las tres entidades involucradas en las supuestas irregularidades, se dirige específicamente hacia Federico D’Angelo Campos. Este último, anteriormente a cargo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y actualmente desempeñándose como concejal por Unión por la Patria en Quilmes, es el foco de la acción legal.
Se imputa a este antiguo miembro del gobierno por haber provocado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’”. Los demandantes solicitaron que se investigue si D'Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
Los investigadores involucrados en el caso presentaron como elemento fundamental de respaldo “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.
La indagación interna que condujo a la presentación de la denuncia por parte del Gobierno se intensificó la semana pasada, luego de la divulgación de un artículo escrito por el periodista Ricardo Roa en el Diario Clarín. En dicho artículo se detallaba que Osvaldo Giordano, antes de ser destituido de su cargo en ANSES por Milei, había desmantelado un entramado empresarial oscuro involucrando a aseguradoras y políticos tanto del peronismo como del PRO. Además, se señalaba a dos prominentes productores del mercado como los principales beneficiarios de estas prácticas.
Estos son: Héctor Martínez Sosa, cuya esposa es María Cantero, secretaria del ex primer mandatario; y el empresario polirrubros Pablo Torres García. Esos nombres, en la denuncia presentada hoy, no figuraron. Tampoco Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y amigo de la juventud y de los inicios en el rubro asegurador del todavía presidente del Justicialismo.
Según el estudio llevado a cabo, se identificó un daño financiero al Estado Nacional, el cual se atribuye a las acciones presuntamente realizadas por D'Angelo. Además, “se observó que la selección de los bróker y aseguradores que realizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES eran a dedo, de manera discrecional, arbitraria” y, sobre todo, “sin expediente digital alguno, ni justificación técnica”.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Giordano a La Voz y el Doce TV, al asumir el cargo en ANSES en diciembre de 2023, se destinaban $1.700 millones mensuales a Nación Seguros. En menos de dos meses, decidió no renovar dicho contrato, ya que encontró un sistema alternativo que le permitía reducir el presupuesto en un 40%.
“Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, detalló el ahora exfuncionario nacional.
Y añadió: “Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente”.
No obstante, afirmó no tener conocimiento acerca del recorrido financiero a través de intermediarios que está siendo objeto de investigación en el caso de Alberto Fernández, y del cual intentó desvincularse al mencionar a su secretaria. “Con la información que teníamos en la Anses era imposible investigar cómo era la distribución de recursos”, destacó.
El juez Julián Ercolini está encargado de la investigación judicial relacionada con estas actividades sospechosas. Este expediente se inició a raíz de una denuncia en la que figuran como principales acusados el expresidente, Martínez Sosa mencionado, el exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el intermediario Pablo Torres García, entre otros individuos. Estos son algunos de los nombres destacados en el artículo publicado por el colega Ricardo Roa en Clarín el pasado domingo, que reveló una nueva “caja negra de la política”.
Hasta el momento, según la información disponible, durante la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno dictaminó mediante un decreto que todas las instituciones gubernamentales y organismos de la administración central debían adquirir sus pólizas de seguros a través de Nación Seguros.
En ese contexto se encontraba Pagliano, quien ha sido un colaborador cercano al expresidente desde los años 90, cuando ambos trabajaron juntos en la Superintendencia de Seguros de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem, y posteriormente fundaron Provincia Seguros desde cero.
Dicho decreto estableció un mercado exclusivo, permitiendo la participación de empresas privadas como proveedoras o coaseguradoras. En este entorno emergen empresarios como Martínez Sosa, quien tiene una relación cercana con Fernández desde los años 90 y a quien el expresidente le adeuda anualmente 20 mil dólares. Dentro de los acuerdos y los agentes intermediarios se encuentra el entramado de pagos y cobros de comisiones constantes y de gran magnitud.
Adicionalmente, se ha confirmado este fin de semana que Ercolini fue seleccionado aleatoriamente para llevar a cabo otra investigación. Este trabajo fue iniciada por el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Federico D’Angelo Campos.
El Gobierno lo acusa de haber facilitado, supuestamente, la ejecución de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.
Esta denuncia reviste relevancia dado que fue interpuesta de manera conjunta por la ministra de Recursos Humanos, Sandra Pettovello; el recién nombrado jefe de ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Estas tres entidades están directamente implicadas en las supuestas irregularidades de la gestión pasada.
En la demanda, los querellantes solicitaron que se investigue si D'Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
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