Las Jornadas, que fueron organizadas por la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas contra la impunidad (AVICIM) y auspiciadas por el Instituto de Políticas Públicas (IPP), se desarrollaron durante dos días, durante los cuales se escucharon testimonios de familiares de adolescentes, jóvenes y adultos que perdieron la vida producto de delitos, y que en algunos casos no fueron esclarecidos y en otros sus autores no fueron debidamente sancionados.
“En los casos que se expusieron se hizo evidente la ineficacia para prevenir el delito y –en particular- para atender la situación de las víctimas y hacer posible la realización de la justicia” dijo la diputada.
A continuación Alejandra Martínez se refirió a las propuestas realizadas desde su gestión como legisladora a partir de su preocupación por el creciente estado de inseguridad en la provincia, que se manifiesta en un aumento del delito y también en el aumento de la violencia en los episodios delictivos.
“Esta situación –aseguró- se vincula necesariamente con las condiciones sociales existentes en la provincia y muy particularmente con el persistente abandono y desinterés evidenciado desde el gobierno provincial”.
La legisladora explicó que desde el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se presentaron numerosos proyectos que tienen como objetivo prevenir el delito y también ofrecer garantías de justicia a quienes son víctimas de hechos delictivos.
“Proponemos –dijo- la creación de un Ministerio de Seguridad que coordine las acciones tendientes a combatir el delito. Es también imprescindible la puesta en marcha de un plan integral de medidas que logren revertir la situación de inseguridad y de violencia en la provincia”.
En este sentido precisó que “resulta necesario establecer un programa de atención a víctimas de la delincuencia, que otorgue acceso a representación judicial mediante abogados querellantes, atención médica, psicológica y social”.
“Hay que crear un fondo destinado a facilitar a los familiares de las víctimas la posibilidad de llevar a cabo análisis, investigaciones y peritajes, que resulten de utilidad para individualizar y sancionar a los responsables”.
Finalmente la diputada Martínez se refirió a la necesidad de mejorar el sistema de ingreso al Poder Judicial, propiciando la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición para la designación de jueces y funcionarios judiciales.
“El método actual –señaló- no ofrece ni mínimas garantías de que los propuestos reúnan la idoneidad necesaria para cubrir los cargos”, aseguró.
“La mayor deuda con las víctimas es la justicia”, concluyó la diputada Martínez.
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