Tras extremar las medidas para combatir el COVID-19, el Gobierno nacional cerró las fronteras, puertos, aeropuertos y pasos internacionales hasta el 31 de marzo. La decisión fue analizada por Cancillería y los ministros de Interior, de Transporte y Salud advirtiendo que el ingreso de argentinos procedentes de países con alta circulación de coronavirus representan un riesgo para el país y podría ser una fuente disparadora de la curva de contagios.

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El documento destaca que “el objetivo principal del gobierno es preservar la salud de sus 4 millones de habitantes y, al mismo tiempo, organizar el regreso al país de quienes están en el exterior, sin que ellos implique un riesgo a la estrategia sanitaria”.

Con la tarea de traer a los argentinos que quedaron varados en otros países, el Gobierno formó una mesa interministerial para analizar caso por caso la asistencia, permanencia y regreso de los ciudadanos.

En la mesa estará la Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, trabajando en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones. Las dependencias del estado darán prioridad en vuelos especiales a las personas en situación de riego de salud.

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El Ministerio de Salud será el encargado de determinar las condiciones de riesgo médico y sanitario para calificar la prioridad de retorno. Mientras que la cartera de Transporte, a través de Aerolíneas Argentinas, dispondrá de las medidas logísticas para el regreso.

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