Sebastián Casanello, juez federal, se excusó en la causa que investiga los hechos ocurridos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria, que ahora pasará al juzgado de San Isidro, done podría quedar en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado.
Casanello, quien había delegado el caso en el fiscal Ramiro González, declaró su incompetencia territorial, al advertir que los hechos deben ser investigados por el juez del lugar donde ocurrieron. En el caso, al tratarse de la quinta de Olivos, corresponde, según el magistrado, a la justicia federal de San Isidro.
Así, Casanello dispuso que la causa pase al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”. Si bien se trata del juzgado a cargo de Lino Mirabelli, el expediente podría terminar en el despacho de su par Sandra Arroyo Salgado, quien tiene una denuncia similar por los mismos hechos, y ya había pedido ver la causa del colega de Comodoro Py.
Por primera vez Casanello dicta una resolución en el caso y la intervención se produce con motivo del planteo de inconstitucionalidad introducido por el defensor de Stefanía Domínguez, Mauricio D’Alessandro.
En ese sentido, Casanello declaró la incompetencia del juzgado en razón del territorio, para entender en la presente causa, “y en consecuencia, remitirla al Juzgado Federal de San Isidro, con jurisdicción en Olivos, Partido de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, que por turno corresponda”.
Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez, fue formalmente imputada por la Fiscalía, por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos –“la Quinta”-, ubicada en el partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia declarada por el Decreto N°260/20.
De esa reunión también habrían participado otras personas (Alberto Ángel Fernández, Fabiola Yáñez, Carolina Marafiotti, Severina Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, y Federico Abraham) a las que el fiscal Ramiro González también imputó.
En caso de que la justicia de San Isidro resuelva rechazar la causa, se trabará un conflicto de competencia que deberá ser resuelto por la Cámara.
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