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SUSCRIBITEEl juez federal Luis Armella citó a los responsables de la financiera ligada a la AFA, imputó a empresas y dispuso medidas sobre bienes y cuentas.
Ariel Vallejo y Claudio "Chiqui" Tapia.
El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la jurisdicción del juez Luis Armella, citó a prestar declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, junto a otros 13 individuos señalados como presuntos integrantes de una estructura acusada de conformar una organización ilícita dedicada al lavado de dinero vinculado a clubes de fútbol argentinos.
La causa, dirigida por la fiscal federal Cecilia Incardona y con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) encabezada por el fiscal Diego Velasco, plantea que Sur Finanzas habría desarrollado un esquema financiero irregular, captando fondos, otorgando préstamos y manejando capitales de manera clandestina, al margen de la legislación vigente.
Se sospecha que obtenían ganancias financieras a partir de la imposición de intereses desproporcionados y de otras prácticas ilícitas, generando recursos de origen ilegal que posteriormente eran canalizados mediante una compleja red empresarial, con el fin de conferirles una apariencia de legitimidad.
Las citas para prestar declaración indagatoria fueron fijadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio del presente año. Vallejo será el primero en comparecer ante los tribunales de Lomas de Zamora.
En diciembre del año pasado, el magistrado Armella dispuso una serie de registros y allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino, distintas sedes de clubes y domicilios relacionados con Sur Finanzas. La medida surgió tras una denuncia por presunta estafa y lavado de dinero presentada por Auriga League S.A., empresa que habría otorgado un préstamo de dos millones de euros a Banfield, dinero que según la denuncia nunca habría sido devuelto.
A partir de allí, comenzaron a surgir los lazos entre Sur Finanzas, Banfield y otros clubes donde se encontraron relaciones sospechosas, entre ellos San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y Club Atlético Temperley, entre otros.
Según el expediente de la fiscal Incardona, la financiera habría obtenido beneficios ilegítimos a costa de los clubes mediante un conjunto de maniobras económicas irregulares y prácticas abusivas, que la investigación describe con detalle a continuación.
La presunta organización ilegal encabezada por Ariel Vallejo habría desarrollado sus operaciones entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2025, período durante el cual el empresario fue consolidando su poder dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, estrechando vínculos con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los delitos que identificó la fiscal Incardona también figura la retención irregular de contribuciones a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habría apropiado y dejado de depositar más de 46 millones de pesos correspondientes a impuestos.
Respecto al lavado de dinero, la fiscal a cargo estimó que las transacciones involucraban un monto que superaría los 108 millones de dólares.
Según la investigación, esos recursos habrían surgido de violaciones al Régimen Penal Cambiario y de operaciones financieras de intermediación no autorizadas, canalizadas a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., empresa en la que Vallejo, junto a su madre y su exsuegra, figuraban como socios gerentes.
Por otro lado, se indica que este capital de origen ilícito habría sido utilizado posteriormente para la creación de nuevas compañías, que en conjunto conformaron el holding Sur Finanzas.
Maximiliano Vallejo fue notificado para presentarse ante la justicia por asociación ilícita y lavado de activos agravado. También recibieron citaciones su madre, Graciela Vallejo, así como Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo, pareja de Vallejo, todos señalados por los mismos ilícitos en calidad de miembros activos y coautores del lavado de dinero.
Por su parte, Gerardo Carrozza deberá responder ante la justicia por asociación ilícita como integrante y lavado de activos en calidad de participante principal. Mientras tanto, Juan Ramón Cervín, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela Sánchez fueron convocados por asociación ilícita y lavado de activos como colaboradores secundarios.
Por último, las trabajadoras Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron convocadas a prestar declaración indagatoria por su presunta participación en asociación ilícita. Además de las personas físicas, los apoderados legales de Sur Finanzas Group S.A. y de Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deberán comparecer ante la justicia para declarar por lavado de activos.
Dentro de las medidas cautelares impuestas, los imputados deberán presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, tienen prohibido salir del país sin autorización judicial y se les impone la restricción de comunicarse con otros investigados, excepto con familiares directos.
En el terreno patrimonial, el magistrado Armella dispuso el embargo de diez autos, la mayoría de ellos de alta gama. Entre los vehículos incautados se encuentran un Audi Q2 registrado a nombre de Ariel Vallejo, y un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE junto con un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo.
Los siete autos restantes, que incluyen modelos como Toyota SW4, Citroën C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, están registrados a nombre de Sur Finanzas Group. Además, se ordenó la prohibición general de disponer de bienes tanto para las 15 personas imputadas como para 16 empresas vinculadas al holding Sur Finanzas.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora también ordenó prohibir cualquier operación novedosa y bloquear cuentas bancarias y billeteras digitales de los principales imputados, junto con el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El objetivo de esta medida es profundizar la revisión de su situación fiscal, económica y patrimonial desde 2022 hasta la actualidad, incorporando información proveniente de organismos como ARCA, ARBA, AGIP, la CNV, así como de múltiples registros y bases de datos tanto públicas como privadas.
Por último, se asignó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) la tarea de elaborar un informe patrimonial detallado sobre los imputados, con el fin de trazar sus posibles conexiones con los beneficios ilícitos generados por el holding Sur Finanzas y evaluar la justificación de la evolución de su patrimonio.
Paralelamente, se sigue un segundo expediente, iniciado a partir de una denuncia presentada por ARCA, que está bajo la supervisión del juez federal Federico Villena en Lomas de Zamora. La investigación identificó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, junto con un volumen total de operaciones sospechosas que alcanzaría los $818.000 millones.
Según la acusación, Sur Finanzas habría utilizado a personas sin capacidad económica real —como monotributistas de bajo perfil, no inscriptos o contribuyentes ficticios— para canalizar fondos de origen ilícito dentro del sistema financiero.
Hasta ahora, la fiscal Incardona intentó sin éxito trasladar el expediente al juzgado subrogado por Armella. La resolución sobre este pedido se definirá en la Cámara Federal de Casación Penal, que ayer autorizó la apertura del debate sobre el recurso presentado por el Ministerio Público.
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